Por la iniciativa, recogida por Europa Press, el Parlamento instaría al Consejo de Gobierno de la Junta a adoptar las medidas necesarias para que la gestión del servicio telefónico de emergencias sanitarias 061 sea prestado directamente por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) a partir del 1 de enero de 2017, una vez vencido el contrato vigente con la empresa privada que lo tiene adjudicado hasta finales del 2016.

Para defender la propuesta, los grupos de la oposición han reflejado en la PNL las reclamaciones de mano de algunos de los trabajadores afectados, que denuncian que la Junta ha puesto en manos de empresas privadas la gestión telefónica de los servicios públicos de emergencias que, "sin aportar nada más que su nombre, se están lucrando con dinero público a la par que otorgan un trato deplorable a los trabajadores y los someten a condiciones sociolaborales propias de sistemas esclavistas".

Según los empleados, estas empresas privadas que gestionan servicios públicos esenciales "se limitan a ser meras intermediarias, mientras que los edificios donde se presta el servicio, las líneas telefónicas y hasta los bolígrafos que usan los gestores telefónicos son sustentados con dinero público" y, además, "los trabajadores prestan su servicio a las órdenes de empleados públicos y bajo su supervisión".

"Hace más de ocho meses que se vive una conflictividad intensa en estos centros de trabajo", advierten para apuntar que esta situación se debe al "afán de enriquecimiento de las contratas que no dudan en endurecer las condiciones sociolaborales de los empleados para incrementar sus ya de por sí pingues beneficios". Y lo hacen, asegura, "sancionando indiscriminadamente, no aplicando ni el convenio colectivo que le asignan o impidiendo la conciliación de la vida personal y laboral".

Denuncian que la contrata adjudicataria, Ilunion Emergencias, "se permite el lujo de despedir a quienes exigen legalmente el cumplimiento de los mínimos legales con excusas tan inverosímiles como que se está poniendo en riesgo la continuidad de la contrata en el servicio o que se están poniendo en riesgo los incentivos del personal de EPES".

Los trabajadores critica que la Junta "consienta estos atropellos y que persistan en los cargos de las empresas públicas, como directivos, quienes, no sabemos bajo que intereses, son cómplices necesarios para estos abusos empresariales". Señalan que ya han sido nueve los despedidos en la EPES 061 con expedientes "intachables".

Así las cosas, se preguntan cómo la Junta mantiene como prestadora de servicios esenciales para la Comunidad a una empresa que "ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo por fraude en la contratación, sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos, y sancionada también por violar derechos fundamentales de sus trabajadores".

Por todo, los trabajadores de las contratas del 061 piden no mirar a otro lado "y ver cómo a día de hoy se siguen produciendo este tipo de incumplimiento". "Van ocho meses de protestas y huelgas en el 061 y tanto los directivos como la Junta permanecen inmóviles ante los gritos de auxilio de los trabajadores", censuran antes de reclamar que se ponga coto a "este sinsentido".