Las denuncias por violencia de género aumentan casi un 2% en la Región en el tercer trimestre

Las denuncias por violencia de género ascendieron a 1.310 en el tercer trimestre del año, casi un dos por ciento más que al cierre del trimestre anterior, según recoge el balance difundido este viernes por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Las denuncias por violencia de género ascendieron a 1.310 en el tercer trimestre del año, casi un dos por ciento más que al cierre del trimestre anterior, según recoge el balance difundido este viernes por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Murcia está es la séptima comunidad con mayor tasa de denuncias por cada 10.000 habitantes, junto a Castilla y León, y es también la tercera región por número de víctimas por cada 10.000 mujeres, 17,56.

Además, en la Región se incoaron 418 solicitudes de órdenes de protección, de las cuales 300, el 72 por ciento, se resolvieron de forma positiva y la protección fue adoptada; otras 38, el 9 por ciento, fueron denegadas y el 19 por ciento, 80, no se admitieron.

El 8,9 por ciento de las mujeres que en la Región de Murcia iniciaron un procedimiento judicial por violencia de género se acabaron acogiendo a su derecho a no declarar contra el agresor, es decir, renunciaron a seguir adelante.

A nivel nacional, las denuncias por violencia de género ascendieron a 33.705 en el segundo trimestre del año, un 5,2 por ciento más que al cierre del trimestre anterior y un 1,5 por ciento más en comparación con el mismo periodo de un año antes. Dos de cada tres sentencias dictadas entre julio y septiembre fueron condenatorias.

El 69,23 por ciento de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, ya fuera en órganos judiciales (el 3,33 por ciento) o en atestados policiales (65,90 por ciento). El 2,3 por ciento fueron instadas por sus familiares.

Como en periodos anteriores, el 12,40 por ciento de las mujeres que iniciaron un procedimiento judicial por violencia de género se acabaron acogiendo a su derecho a no declarar contra el agresor, es decir, renunciaron a seguir adelante. La mayoría de ellas, un 63,6 por ciento, eran españolas, que representan el 73,7 por ciento del total de afectadas.

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