La Fiscalía de Valencia ha pedido que se investigue al exjefe de Explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) Ignacio Bernácer, imputado en la causa principal de Emarsa, por presuntamente obtener ingresos de empresas que resultaron adjudicatarias de contratos en la entidad pública.

Así consta en un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado del caso Emarsa, en el que la jueza acuerda deducir testimonio de la denuncia presentada por la fiscal contra Bernácer y su remisión al Decanato de los Juzgados para que se reparta a instrucción.

Este procedimiento se derivaría de la pieza 11 del caso Emarsa que se sigue contra la mujer de Bernácer, María Teresa Gálvez, por un presunto delito de blanqueo de capitales.

A lo largo de la instrucción de esta pieza se ha detectado que Bernácer ejerció el cargo de administrador de una sociedad mercantil desde el año 2007 junto a su mujer. Durante ese tiempo —de 2007 a 2012— también ocupó el cargo de jefe de Departamento de Explotaciones de la Epsar.

Desde este Departamento se intervino de manera directa en la convocatoria y adjudicación de los concursos convocados por la entidad para asignar la gestión y explotación de las estaciones depuradoras de la Comunitat Valenciana.

Diversas empresas a las que facturó la empresa de Bernácer en estos años habían mantenido una relación continuada con la Epsar al haber resultado adjudicatarias de varios de los concursos convocados por la entidad para la gestión y explotación de depuradoras de aguas residuales.

En total, la empresa de Bernácer ingresó entre los años 2007 y 2010 2.818.992,01 euros procedentes de estas empresas relacionadas con la Epsar sin apenas incurrir en gastos sociales. Además, durante 2007 y 2008 la mercantil del excargo público no tuvo ningún trabajador adscrito al Régimen General, únicamente la esposa de éste, mientras que entre 2009 y 2010 la empresa solo tuvo un trabajador, a lo sumo dos.

En consecuencia, la fiscal estima que a la luz de los datos económicos de la sociedad "resulta evidente que las compras realizadas a sus proveedores —Bernácer— han sido escasas y no guardan proporción alguna con los beneficios obtenidos". Por ello, entiende que existen indicios "suficientes" para imputar al exjefe de la Epsar por cohecho y un delito continuado de prevaricación administrativa.

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