La Consejería de Fomento y Vivienda ha acordado personarse en las causas abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por sendos recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre las ordenanzas del taxi de Málaga y Córdoba, sustentadas en el Reglamento Andaluz del Taxi de 2012.

En una nota remitida a Europa Press, la Junta de Andalucía considera que los presupuestos defendidos por la Comisión Nacional de los Mercados en la impugnación realizada de las ordenanzas municipales "pone en cuestión el correcto desempeño del servicio del taxi en la Comunidad y el carácter público de su prestación, conduciendo a esta actividad profesional a una ordenación perjudicial para sus intereses y para los de los usuarios".

Además, la Consejería de Fomento y Vivienda estima que la argumentación defendida por el órgano nacional "conllevaría la revisión del propio marco normativo andaluz, y por tanto, la extensión de sus efectos a toda Andalucía, no sólo a los dos municipios afectados".

Por ello se ha concluido que la intervención en el procedimiento judicial "es necesaria para defender el Reglamento Andaluz del Taxi, que constituye el marco normativo de referencia y obligado cumplimiento del que posteriormente se han derivado las ordenanzas municipales aprobadas tanto en Málaga como en Córdoba con un articulado que guarda gran similitud con el documento del Reglamento".

La Junta de Andalucía considera que los artículos de ambas ordenanzas impugnados por parte de la CNMC "ponen de manifiesto la voluntad de este organismo de dibujar un escenario completamente diferente a la regulación actual del sector que impera en Andalucía a través del Reglamento Andaluz del Taxi, que representa una defensa clara del carácter público de este servicio de transporte, en sintonía con el modelo existente en toda Europa".

A juicio de la Consejería de Fomento y Vivienda, "el carácter público asociado a esta actividad legitima y obliga a la Administración a adoptar medidas que garanticen la profesionalidad y formación de los prestadores de este servicio, la calidad de los vehículos, la disponibilidad de oferta para los ciudadanos en todas las paradas y franjas horarias".

Asimismo, considera que "la liberalización y desregulación del sector pretendida por la Comisión Nacional de los Mercados podría provocar una merma en la calidad, incluso, llegar al abandono del servicio público en aquellas áreas geográficas y franjas temporales con menor demanda".

"El espíritu que sustenta el Reglamento Andaluz del Taxi y las ordenanzas municipales que lo transcriben recoge las demandas manifestadas por el propio sector, estableciendo, entre otros aspectos, que cada licencia sea explotada por su titular, que sean conductores de su propio vehículo, con o sin la ayuda de conductores colaboradores", ha recordado.

La Consejería de Fomento y Vivienda aprobó en 2012 este Reglamento, tras un arduo proceso de negociación que se prolongó casi diez años desde la aprobación de la Ley 2/2003 de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. En su redacción participaron activamente asociaciones del sector, asociaciones de consumidores, sindicatos y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

La Junta ha recordado que 2su tramitación administrativa fue escrupulosa, se sometió a información pública, se dio audiencia a todos los actores con implicaciones en la materia en varias ocasiones y se emitieron informes preceptivos". Ha añadido que "además, el documento contó con el visto bueno del Gabinete Jurídico de la Junta y del Consejo Consultivo Andaluz". Tras la aprobación del reglamento, los ayuntamientos andaluces han adaptado sus correspondientes ordenanzas.