Las organizaciones sociales Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y Federación Andaluza Enlace han convocado este jueves a los partidos para exponerles las propuestas que en materia de derechos humanos, drogodependencias y exclusión social han desarrollado con motivo de las elecciones del 20D. Las entidades han pedido a los partidos políticos una apuesta decidida por las políticas sociales encaminadas a disminuir la exclusión que sufre el 42,3 por ciento de la población andaluza, que se encuentra en riesgo de pobreza.

Por su parte, según una nota de prensa, los representantes políticos que han asistido, todos excepto Ciudadanos, (Federico Noriega, de Podemos; Alejandro Aguilar, de EQUO; Brígida Pachón, del PSOE; Aurora Vargas, de Unión Popular-IU; y Alicia Martínez, de PP) "se han comprometido", tal y como piden las dos entidades, "a la derogación de cadena perpetua, la Ley Mordaza, las devoluciones en caliente y la prioridad de pago de la deuda —artículo 135 CE—(todas excepto PP)".

Además, ambas organizaciones apunta que todos los partidos han coincidido en la necesidad de instaurar algún tipo de ingreso mínimo para la población en situación de exclusión y en que "no tiene sentido que los enfermos mentales sean internados en centros penitenciarios".

Otra de las cuestiones tratadas han sido los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que Unidad Popular-IU, Podemos-EQUO proponen cerrar y PSOE plantea reconvertir, además de acabar con las concertinas, aseguran las organizaciones. Por su parte, el PP se compromete a trabajar por la transferencia de las competencias en sanidad dentro de prisión a las comunidades autónomas.

Aparte de estas cuestiones, el peticionario de la Apdha incluye como demandas la vinculación de derechos fundamentales a la residencia y no a la nacionalidad, permitir el ejercicio del derecho al asilo, garantizar el transporte público a las prisiones, mejorar las condiciones laborales de las personas presas, regular el trabajo sexual teniendo en cuenta la voz de las personas que lo ejercen y no eliminar el escaso apoyo institucional existente, la erradicación del chabolismo, soluciones integrales para las personas sin hogar, derecho al uso de una vivienda digna, renta básica y políticas de inclusión social.

Por su parte, la Federación Enlace entiende que es fundamental que se asegure el mantenimiento de la red especializada en adicciones, impulsar los programas de reducción del daño y prevención del riesgo, aumentar la inversión en programas de prevención a largo plazo, la creación de programas específicos para la inserción laboral, garantizar el acceso de las personas encarceladas a todos los programas de salud y tratamiento existentes en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos ampliando las medidas alternativas al encarcelamiento y promoviendo la mediación penal, asegurar la activa participación de las organizaciones sociales que atienden a personas con problemas de adicciones en el diseño de las políticas públicas y establecer un marco de financiación estable.

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