La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha destacado este miércoles que el "probable" recurso ante el Tribunal Supremo que interpondrá la Administración autonómica, junto a un grupo mayoritario de comunidades autónomas (CC.AA), contra el Decreto del Gobierno de la Nación que impone la reválida en 6º de Primaria, se justifica en que la misma es "innecesaria e impuesta".

Es más, según ha explicado De la Calle a los periodistas, la reválida, "además de suponer una contradicción insostenible con los verdaderos principios de la evaluación" continua de los alumnos de Primaria, resulta ser "claramente innecesaria, inoportuna e impuesta, y además es rotundamente rechazada por la comunidad educativa".

Así se recoge en un comunicado conjunto de dichas CC.AA, al que se ha remitido la consejera, quien ha señalado que la aprobación de este Decreto "pone en evidencia, tal como ocurrió con la aprobación de la Lomce", la actitud del Gobierno de "falta de diálogo, de nula voluntad de acuerdo y de omisión del deber político de consenso con todos los agentes de la comunidad educativa", lo que "ocasiona un nuevo agravio de déficit democrático en el tratamiento de los temas educativos que afectan a toda la ciudadanía española".

Por ello, los Servicios Jurídicos de la Consejería de Educación trabajan ya en la preparación del citado recurso, siendo ésta la salida a la que se han visto abocadas las CC.AA disconformes con el Decreto del Gobierno, dado que la actitud del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha sido el de no escucharlas, "impidiendo el diálogo y la consecución de un gran acuerdo educativo en toda España".

De la Calle, quien ha asistido en Córdoba a las actividades organizadas en el colegio 'Caballeros de Santiago' por el Día de la Lectura, ha recordado que, a través del mencionado Decreto, "el Ministerio impone a las CC.AA la obligación de diseñar, aplicar y corregir unos exámenes, que no evaluaciones, al alumnado de sexto curso de Educación Primaria que, además de no contar con el consenso imprescindible que debe presidir cualquier actuación en materia de política educativa, vendrán a introducir elementos de incertidumbre, inquietud y tensión externa al alumnado, a sus familias y al profesorado".

Ello, según reza en el comunicado conjunto, que asume la consejera andaluza, afectará "negativamente al normal desarrollo del calendario escolar" y ocasionará "graves dificultades organizativas, funcionales y económicas para las CC.AA", a lo que se suma que su "utilidad para el conocimiento y mejora del Sistema Educativo no está en absoluto garantizada".

Así, los exámenes que se establecen en el Decreto no constituyen, a juicio de estas CC.AA, "ningún tipo de evaluación, en primer lugar porque la evaluación en Educación Primaria debe ser continua, global, formativa y orientadora, como se establece en la normativa vigente con rango de ley".

En segundo lugar, "la forma de plantear estas pruebas finales rompe completamente y de forma abrupta con la continuidad del proceso de evaluación, pretendiendo reducirla a un momento puntual y descontextualizado del progreso del alumnado" y, además, "con esta nueva norma el alumnado de Educación Primaria recibirá una calificación final expresada en términos muy reduccionistas, sin considerar su progreso individual ni su proceso de adquisición de las competencias correspondientes, lo que pervierte el sentido educativo y la globalidad de la evaluación que debe aplicarse en esta etapa educativa".

Por otra parte, esta "reválida" supone también "un cuestionamiento implícito de la profesionalidad y objetividad evaluadora del profesorado que imparte enseñanza a este alumnado, e incluso de los equipos directivos de los centros, o de la Inspección de Educación, al recurrir a profesorado externo para dar validez a estas pruebas".

Desde el punto de vista de la autonomía pedagógica, para las CC.AA recurrentes "la norma ministerial exhibe, además, una clara tendencia centralista, que no respeta ni las competencias de las CC.AA ni la autonomía de los centros", hasta el punto de que "el Ministerio quiere acabar imponiendo un modelo pedagógico reduccionista y utilitarista, destinado únicamente a la superación de estas pruebas, pretendiendo olvidar la dimensión global e integradora que la educación debe cumplir en esta etapa".

Además de todo ello, el Decreto introduce unas obligaciones "inespecíficas e imposibles de asumir. en cuanto a la aplicación de esta reválida, pues su organización se traduciría en una gran afectación del calendario escolar y de los ritmos y tareas propias de los centros educativos -no solo de los de Educación Primaria- en las fechas en que estos exámenes tendrían que realizarse".

Tampoco se oculta, a juicio de las CC.AA disconformes, la intención que persigue el Ministerio con esta reválida de establecer "ránkings de centros, ordenados según los resultados de la misma", lo cual, "sin ninguna duda, no contribuirá a la mejora del sistema educativo, sino, por el contrario, a la discriminación y desprestigio de los centros docentes y a su ubicación en un sistema clasificatorio descontextualizado, que no beneficia a la labor educativa, que debe ser desarrollada por cada uno de ellos en su contexto". Evaluar bien "es imprescindible para mejorar", sin embargo, "una evaluación educativa no debería utilizarse nunca para establecer ránkings competitivos entre los centros docentes, el alumnado o los territorios, tal y como persigue la Lomce".

Sin financiación

A ello hay que sumar, según se recuerda en el comunicado conjunto, "el olvido intencionado que el Ministerio tiene en este Real Decreto de la cuestión económica necesaria para su aplicación. La realización de las pruebas finales de Primaria, tal y como se plantea, conllevaría un coste elevadísimo e innecesario, sin que el Ministerio haya establecido la fórmula concreta, ni la financiación suficiente para la realización de dichos exámenes".

De hecho, solo se conoce, de manera indirecta, "que el Ministerio podría dedicar una pequeña partida económica que, por su insignificancia, resulta claramente inadecuada para abordar todas las obligaciones que el propio Ministerio delega en las CC.AA".

Además de todo ello, el Decreto finalmente publicado "no ha sido consultado, como es preceptivo, con las CC.AA representadas ante el Ministerio en la Conferencia de Educación, pese a que en el preámbulo de la norma se afirma que esta consulta se ha producido, pero no ha sido así, y lo cierto es que las comunidades no han tenido la oportunidad legal de pronunciarse sobre la norma publicada".

Por ello, y "en defensa de los intereses de toda la comunidad educativa, las CC.AA presentarán el citado recurso ante el Tribunal Supremo, solicitando que se paralice la aplicación de este Real Decreto" y, "frente a cualquier crítica intencionada que pueda calificar esta medida como electoralista, es necesario recordar que ha sido el Gobierno central, precisamente, el que ha aprobado y publicado este Real Decreto en pleno periodo electoral, tratando de imponerla, de manera inoportuna, en estos momentos, olvidando cualquier elemental deber de prudencia en su estado en funciones, y obligando a las CC.AA a reaccionar defendiendo sus competencias y los intereses generales del Sistema Educativo".

Este recurso, según recoge finalmente el comunicado conjunto, "se dirige a derogar o paralizar este Real Decreto, mayoritariamente rechazado, así como a la paralización de cualquier actuación o medida en este sentido, y la apertura de un verdadero proceso de diálogo y consenso democrático con la organizaciones políticas y los agentes educativos, para restaurar las condiciones que conduzcan a la verdadera mejora de la Educación en España".

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