El portavoz de la plataforma ciudadana Zaragoza en Común (ZEC) Raúl Burillo, ha apelado al grupo municipal del PSOE a que apoye las ordenanzas fiscales del equipo de gobierno que permitirá recaudar 11 millones de euros adicionales frente a los 3,5 que se conseguirían con la propuesta que se ha aprobado inicialmente.

Esta diferencia recaudatoria se lograría aumentando el Impuesto de Bienes Inmuebles a los grandes comercios, con valor catastral superior a los 500.000 euros, pero que en su día no contó con el apoyo de PSOE, PP y C's, que se mantienen en el umbral del millón de euros y tampoco aceptan la cifra intermedia que propuso ZEC de 750.000 euros.

Precisamente, la aprobación definitiva se producirá en el pleno municipal de la próxima semana y Burillo ha hecho un llamamiento a los socialistas para que "se replanteen la situación de asfixia financiera del Ayuntamiento de Zaragoza".

En rueda de prensa, Burillo ha aseverado que el PSOE es responsable de las cuentas del Ayuntamiento para apostillar que con su actitud "contribuye activamente a la situación actual".

Según Burillo los argumentos del PSOE de no incrementar la presión fiscal "no se pueden consentir" al apuntar que desde el Gobierno de Aragón "se pide un esfuerzo fiscal a los zaragozanos para que paguen el impuesto de contaminación del agua", lo que supondrá que a los conceptos del coste del agua y de la depuración se sume el de la contaminación "cuando el agua no está contaminada porque se ha depurado" y además con una estación depuradora que "ya pagan los ciudadanos".

Al respecto, el portavoz de ZEC ha alertado de que este nuevo impuesto que se impondrá a los zaragozanos "es para financiar las obras de las macrodepuradoras que el Instituto Aragonés del Agua ha construido en todo Aragón en la anterior legislatura del PP-PAR y ahora el PSOE cree que no hay más remedio que pagarla los ciudadanos".

Lado oscuro

Por otro lado, Burillo, en referencia a la futura Ley de capitalidad, ha sentenciado que a Zaragoza "no se le puede compensar como a un comarca rebelde del PSOE".

Ha dejado claro que "el no aprobar unas ordenanzas fiscales en el Ayuntamiento de la ciudad con unos ingresos adaptados a la realidad y no aprobar una ley de capitalidad es una forma de estrangular financieramente a la ciudad de forma consciente y contradictoria porque no importa que los ciudadanos tengan que hacer un esfuerzo fiscal mayor si se ordena desde el Gobierno de Aragón".

La también portavoz de ZEC, Maribel Martínez, ha aportado el dato de que se han presentado 360 alegaciones a las ordenanzas fiscales por parte de colectivos sociales que "le están diciendo al PSOE que no les gustan y que además condicionan la forma de gobernar de ZEC en el Ayuntamiento".

Tajante, Martínez ha dicho que el "tripartito" en alusión al PP, PSOE y Ciudadanos "destroza el futuro de la ciudad" y les ha preguntado de dónde se quitan partidas para atender el compromiso de ZEC de atender la emergencia social.

Maribel Martínez ha subrayado que ZEC defiende una ciudad "por y para los ciudadanos y no ver a Javier Lambán y a Fernando Gimeno — presidente del Gobierno de Aragón y consejero de Hacienda— en una mala película en la que antes pedían dinero desde el Ayuntamiento y ahora en la DGA nos niegan el agua y el pan y además siegan la hierba bajo nuestros pies para no salir de la asfixia a la que nos han condenado" y emulando la última película de Star Wars ha preguntado "quién está en el lado oscuro de la fuerza".

CAPITALIDAD

Por otro lado, Burillo ha informado de que como militantes de ZEC han mantenido una reunión con el grupo parlamentario de Podemos y la diputada de IU en las Cortes de Aragón para pedirles que "presenten batalla" en la Ley de capitalidad y el impuesto de contaminación del agua.

A su parecer la Ley de capitalidad "debe tener una partida en el presupuesto de Aragón de 2016 o un compromiso jurídico en la Ley de acompañamiento de los presupuestos para dotarla de los recursos económicos suficientes" y ha asegurado que ambas formaciones políticas le han dicho que "estudiarán las medidas adecuadas para cumplir estos compromisos".

Sin indicar una cifra concreta, Burillo ha aseverado que la Ley de capitalidad "tiene que estar bien dotada económicamente" y la dotación la tiene que fijar "el equipo de gobierno municipal y los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón".

No obstante, ha estimado que en 2016 "podría tener la dotación a la que se pueda llegar cerca de lo que sería óptimo durante la tramitación del presupuesto o mediante modificaciones presupuestarias, pero en 2017 sería la correcta para la prestación de los servicios y desde el principio del año".

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