El Gobierno regional reservará un cupo de un dos por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual en la próxima Oferta de Empleo Público de personal funcionario y estatutario de la Administración regional, según ha hecho saber la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás.

Se trata de un acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que establece las directrices para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a puestos de trabajo de la Administración regional.

El objetivo es favorecer su inserción laboral como factor esencial en el proceso de integración social de este colectivo, según la consejera, que ha precisado que este cupo específico conllevará la reserva, como mínimo, de cinco plazas para personas con discapacidad intelectual, fundamentalmente de "ordenanzas y otros servicios básicos".

Para ello, la Consejería de Hacienda y Administración Pública y el Servicio Murciano de Salud (SMS) realizarán un estudio previo con el fin de determinar los tipos de puestos de trabajo que puedan ser desempeñados por este colectivo.

El acceso a las plazas se realizará mediante una convocatoria independiente y, con carácter previo, la Comunidad determinará los contenidos de las pruebas selectivas, que estarán destinados a comprobar que los aspirantes poseen los repertorios básicos de conducta y los conocimientos imprescindibles que les permitan desempeñar las funciones propias de los puestos de trabajo.

Los aspirantes que accedan a la Administración por este sistema específico realizarán un curso de formación con carácter previo a la incorporación en los destinos adjudicados, que estará impartido por la Escuela de Formación e Innovación de la Adminsitración Pública de la Región, cuyos contenidos facilitarán la integración en el puesto.

Asimismo, la Comunidad va a constituir una lista de espera para que las personas que no hayan superado la prueba, o la hayan superado y no tengan puesto, puedan cubrir las vacantes que no se puedan adjudicar con carácter definitivo a través de las oportunas pruebas.

Tomás ha explicado que la tasa media de actividad de este colectivo se ubica en el 374 por ciento, que varía en función de cada discapacidad. Así, oscila entre el 50 por ciento para las personas con discapacidad auditiva hasta la más baja, entre las personas con discapacidad intelectual.

"Debido a que es un colectivo con muchos más problemas para acceder a un puesto de trabajo, el Gobierno regional promueve el empleo entre ellos", ha concluido Tomás.

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