La jueza María Núñez Bolaños abrirá en las próximas fechas una pieza separada del caso de los ERE para investigar las ayudas a varias empresas de la Faja Pirítica de Huelva y en la que estarán incluidas como imputadas más de 200 personas, según han informado fuentes judiciales.

Las mismas fuentes han explicado que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha recibido recientemente un atestado de la Guardia Civil en el que los agentes analizan las ayudas a diversas empresas mineras de esta zona e imputan a más de 200 personas que recibieron las ayudas para prejubilaciones, algunas de las cuales ya han fallecido.

Entre estas empresas se encuentran Río Tinto, minas de Almagrera o mina La Herrería, según han señalado fuentes judiciales, que han precisado que el atestado aportado por la Guardia Civil contiene varios miles de documentos anexos.

Las fuentes han explicado que, en los próximos días, la jueza abrirá diligencias previas de investigación referentes a la Faja Pirítica, todo ello siguiendo los criterios marcados en el auto de 9 de noviembre donde rediseñó la división del caso acordada el 30 de julio, dejando como pieza matriz la causa originaria de los ERE de 2011, de ayudas sociolaborales y directas, y desgajando de esta matriz otras seis piezas con las que se comienza a trabajar, dándoles una tramitación preferente con el fin de que puedan ser enjuiciadas en el menor tiempo posible.

De este modo, Núñez acordó desgajar de la pieza matriz el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María Sayago.

El pasado mes de septiembre, la jueza dictó una providencia en la que ya indagaba las ayudas concedidas por el Ministerio de Trabajo para el pago de las pólizas de prejubilación para los mayores de 55 años pertenecientes a los colectivos de la Faja Pirítica de Huelva.

Así, solicitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social de Huelva que entregara a la Guardia Civil un informe "en el que se indique si por parte del Ministerio de Trabajo, o cualquiera de los departamentos que lo componen a través de la Subdelegación del Gobierno, se solicitó los coeficientes reductores de los mineros afectados por la crisis minera" de la Faja Pirítica y, "en concreto, si lo realizó o no, en los años 2003 y 2004".

La magistrada tomó esta decisión después de que así lo solicitara en un oficio fechado el 3 de septiembre el Equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Huelva, que informa en el escrito de que "está trabajando una línea de investigación sobre la presunta comisión de un delito de prevaricación en concurso de otro de malversación" en relación con estas subvenciones.

La antecesora de Núñez, la jueza Mercedes Alaya, en un auto dictado en septiembre de 2014, imputó en el caso a cinco personas que fueron incluidas como 'intrusas' en el expediente de la Faja Pirítica de Huelva tras las "instrucciones" dadas a tal efecto por el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.

La magistrada argumentaba que, del estudio de las actuaciones relativas al expediente de la Faja Pirítica, "se desprende la existencia de nuevos imputados, pues consta acreditado que a instancias" del dueño de Uniter, José González Mata, "y siguiendo presuntas instrucciones de Guerrero, se incluyeron como 'intrusos' a cinco trabajadores de la empresa Almacenes Delgado, quienes nunca habían trabajado en la mina".