El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, José Manuel Calvo, ha expuesto este miércoles en la comisión del ramo que estudian implantar Áreas de Prioridad Residencial (APR) en zonas "consolidadas y colapsadas" fuera del centro y que no tendrán "problemas en asumir costes" de impopularidad de estas medidas. Tras la comisión ha avanzado a los periodistas que se trata de un proyecto en estudio que va a llevar mucho tiempo y que entre las zonas que podrían estudiar están Chamartín y Chamberí.

Calvo ha añadido que consideran adecuada la extensión de las APR en el centro, como recoge el plan de movilidad sostenible aprobado por el PP en 2014. En una segunda fase, una vez definidas las APR que configuran el centro, "se podrían incluir en una gran APR" para "no generar un mosaico de áreas independientes".

Con esa gran APR en el centro se ganaría "en definición y regulación", unido a la "simplificación de mecanismos de control y de gestión". "En el nuevo plan se debe avanzar en incluir las APR existentes, más algunas que se pueda añadir a corto plazo, en una gran APR de centro, con ventajas de gestión y logística", ha destacado.

Después de que el concejal del PP Borja Carabante le haya preguntado si es una medida política o técnica, dado el grado de "impopularidad" de esta iniciativa, Calvo ha contestado que al equipo de Gobierno no se le puede achacar "falta de valentía", como se ha demostrado en la aplicación del protocolo por contaminación que el PP "no se atrevió a aplicar a pesar de los altos índices de contaminación".

El protocolo "ha sido muy bien acogido por los ciudadanos porque identifican un gobierno responsable que vela por su salud. Tomaremos medidas impopulares o no en esa línea", ha remachado el edil.

Las restricciones al tráfico del centro empezaron en el año 2004 cuando era alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) con la declaración de APR para la zona de Cortes. Posteriormente se extendió al barrio de Las Letras (2005), Embajadores (2006) y el pasado mes de agosto a Ópera, donde hasta el 1 de noviembre no se empezó a  multar con los 90 euros correspondientes la entrada sin autorización en esta zona restringida al tráfico privado.

Sin embargo, unos 62.000 vecinos de los barrios de La Latina (15.000), Universidad (30.823) y Justicia (16.395) esperan aún que el Consistorio que dirige Manuela Carmena regule el acceso del tráfico privado en sus zonas. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ya ha anunciado que en los seis primeros meses de 2016 se realizarán los estudios y procesos de evaluación para estas nuevas APR.