La Asamblea de Alcalá y las asociaciones vecinales de la Venta de la Liebre y de las Dos Vereas de la Soledad han celebrado este martes una concentración frente a la planta cementera con la que cuenta en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) la compañía Portland Valderrivas, que ha logrado autorización de la Junta de Andalucía para modificar su autorización ambiental integrada (AAI) de cara a la incineración de derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible.

Según los ecologistas, que han promovido toda una campaña social en contra de esta medida, gracias a esta revisión de su autorización ambiental integrada, la planta de Portland Valderrivas, enclavada en Alcalá, al pie de la autovía A92, contará con disposición de incinerar 292.000 toneladas de residuos al año para su uso como combustible. "Esa cantidad supera a los residuos que procesan todas las cementeras de Andalucía juntas", dicen los ecologistas, que avisan de "emisiones a la atmósfera", con sus correspondientes consecuencias en un área densamente poblada, en la primera corona del área metropolitana de Sevilla.

No obstante, el pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), ha aprobado recientemente emprender una modificación puntual de las normas urbanísticas de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con efectos en el artículo 310 "y otros".

El expediente en cuestión, recogido por Europa Press, expone que el 20 de junio de 2014, el pleno acordó "formular una modificación puntual del PGOU, al objeto de regular la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo", aprobando "la suspensión por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo".

A

Dos kilómetros de las zonas residenciales

Ahora, la nueva modificación pretende regular "las condiciones de compatibilidad aplicables al uso industrial, referidas a las instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo y la determinación de distancias mínimas respecto de zonas de suelo urbano o urbanizable, de uso global residencial". "Se propone la modificación del artículo 310, que señala los requisitos que deben cumplir determinadas actividades industriales para que puedan ser consideradas compatibles con otros usos, introduciendo un nuevo apartado que establezca que las actividades de valorización energética de residuos mediante su incineración sólo se autorizarán cuando se sitúen a más de dos kilómetros de suelos residenciales", figura en el "informe técnico" del expediente, frente al cual la empresa puede presentar alegaciones.

La Junta de Andalucía, de su lado, defiende que en todo momento, se trata de la incineración de residuos no peligrosos" y "la valorización (es decir incineración) de los residuos es el paso previo a su eliminación", descartando peligros para la población humana.

Al intenso debate público suscitado a cuenta de los planes de la cementera se ha sumado, además, el episodio vivido hace poco más de un mes, cuando la rotura de un filtro de la fábrica provocaba una "inundación" de partículas de cemento en la barriada de la Venta de la Liebre. La convocatoria de la manifestación, recogida por Europa Press, se dirige a cuenta del conflicto ya descrito y, en particular, "contra las emisiones de cemento en la barriada de La Liebre", asistiendo unas "cien personas", según han dicho a Europa Press fuentes ecologistas.