El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública, que pretende "fortalecer" la lucha contra "cualquier modalidad de corrupción", según ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Vicente Guillén.

El objetivo del texto legal, del que ya tuvo conocimiento el Consejo de Gobierno celebrado en Veruela el pasado mes de noviembre, es el de promocionar, impulsar y garantizar la integridad y ética pública en el sector público de Aragón y en las personas y entidades que se relacionan directamente con él.

La Ley afectará a los miembros del Gobierno y a los altos cargos tanto del Ejecutivo como de los organismos públicos y entidades públicas, delegados territoriales, directivos de las sociedades mercantiles, directores y gerentes de las fundaciones y consorcios, directores y jefes de gabinete, diputados de las Cortes de Aragón, miembros de la Cámara de Cuentas, El Justicia y su Lugarteniente, miembros del Consejo Consultivo y personas y entidades que desarrollen la actividad de lobby. La Ley incide en la educación como garantía de consolidación de unos valores esenciales en la vida ciudadana.

Se crea la Agencia de Integridad y Ética Pública como actor principal de todas las medidas que favorezcan la integridad y ética pública, que contará con amplias potestades para actuar contra el fraude y la corrupción y con funciones de evaluación de políticas públicas y disposiciones legales, además de colaborar con cuantas instituciones, órganos y autoridades tengan competencias similares. Será un ente comisionado de las Cortes de Aragón, con plena autonomía organizativa y con una estructura ligera.

Además, se pondrá en marcha una Comisión Aragonesa de Integridad y Ética Pública, que si lo deciden las Cortes, podrá asimilarse a una comisión parlamentaria. Será el órgano colegiado de consulta, participación y colaboración.

LOBBIES

Una de las novedades que introduce esta norma es la regulación de los lobbies, lo que convierte a Aragón en una de las primeras comunidades en hacerlo incluso antes que el Estado. Se dotará de un registro de lobistas y lobbies público, dependiente de la Agencia, a través del que se impondrán a estos y a las autoridades y cargos con los que se relacionen concretas exigencias de transparencia y el compromiso de cumplir un código ético mínimo.

El Capítulo V de la ley regula el código de conducta para los empleados públicos y de forma novedosa, el estatuto del empleado público denunciante, es decir, aquel que de buena fe pone en conocimiento de la Agencia de Integridad y Ética Pública algún caso.

Por su parte, el Código de Buen Gobierno recoge los principios éticos y de conducta que deben regir la actuación de los miembros del Gobierno y altos cargos.

Entre otros, destacan la imparcialidad, la no obtención de ningún privilegio o ventaja injustificada, el uso adecuado y austero de los gastos de representación y atenciones protocolarias que tengan asignadas por razón de su cargo y el rechazo de cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones.

Otra de las novedades incluidas en esta Ley es la regulación del proceso de traspaso de poderes con el fin de evitar malas prácticas y comprometer la acción política del gobierno entrante. Recoge la Ley el denominado Estatuto de los miembros del Gobierno, que debe contribuir a una mayor transparencia, objetividad e imparcialidad.

Se regula también el registro de actividades, bienes y derechos patrimoniales de las autoridades y cargos del sector público autonómico. En coherencia con la ley de transparencia, se prevén las condiciones en las que se harán públicas las declaraciones de bienes y actividades, con las adaptaciones obligadas para garantizar la seguridad y confidencialidad precisas.

Como novedad, el proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública introduce el examen de la situación patrimonial al cese, que realizará el órgano competente en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades en colaboración con la Agencia y que supervisará el adecuado cumplimiento de las obligaciones marcadas por esta ley y la existencia de indicios de enriquecimiento injustificado teniendo en cuenta los ingresos percibidos a lo largo de su mandato y la evaluación de la situación patrimonial.

Recoge también el proyecto de Ley un régimen sancionador, un Estatuto para el personal directivo del sector público autonómico y algunas modificaciones modifica la ley de contratos para prohibir que los cargos electos y el personal eventual formen parte de las mesas de contratación.