La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que encabeza Jesús Maeztu, ha anunciado la apertura de una actuación para conocer las medidas adoptadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía tras las múltiples quejas del colectivo de intérpretes de lengua de signos, que vuelven a denunciar la situación laboral en la que prestan sus servicios en los centros de Educación Secundaria del ámbito de gestión de la Consejería.

Según recuerda el Defensor en un comunicado recogido por Europa Press, la figura del intérprete de lengua de signos en el ámbito educativo comenzó en Andalucía en 1996 gracias al convenio entre la Consejería y la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas. El objetivo de ese acuerdo era compensar el déficit comunicativo de las personas sordas dentro del ámbito educativo en orden a favorecer su proceso de aprendizaje.

Sin embargo, en 2007 finalizó ese convenio y la Consejería, a través del entonces Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) y actual Agencia Pública Andaluza de Educación, optó por la externalización del servicio que prestaba el colectivo, que critica que en los pliegos de contratación "prima la oferta económica más ventajosa", lo que "directamente repercute en las condiciones laborales de los trabajadores".

Aseguran los trabajadores, al respecto y entre otros puntos, que les obligan a cogerse las vacaciones y les han quitado las horas de preparación, demandando además que se les contrate a un 100 por cien, "como ya estuvimos en 2006", y no a un 75 por ciento, que es la situación actual.

En relación con la situación de este colectivo, el Defensor del Pueblo Andaluz tramitó en el ejercicio 2011-2012 un expediente de queja promovido por más de 1.200 personas, que concluyó con una resolución, formulada a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, recomendando se procediera, "con la mayor diligencia posible", a la adopción de las medidas oportunas para la creación de la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la categoría profesional de Inérpretes de Lengua de Signos en los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación: del examen de la respuesta recibida se desprendía que la resolución se aceptaba.

No obstante, tras hacerse reiteradas las quejas de la situación laboral del colectivo de intérpretes de lengua de signos, la Oficina del Defensor ha decidido abrir una nueva actuación.

Los propios intérpretes han informado a través de una nota de que sus condiciones laborales han vuelto a verse "mermadas" con la nueva adjudicación del servicio. "No solo no nos reconocen la categoría profesional que nos corresponde por ley, sino que además, a fecha de 12 de diciembre en algunas provincias, aún no se nos ha abonado la nómina por el trabajo realizado en el mes de noviembre, cuando en el convenio queda bien claro que ésta se debe abonar entre el 1 y el 5 del mes siguiente", lamentan.

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