Un total de 190 familias de Castilla y León (665 personas) ha mantenido durante el presente año el suministro de luz pese a no poder hacer frente al pago de las facturas de mano de los acuerdos alcanzados entre la Consejería de Familia y las compañías del ramo.

Así lo ha explicado este lunes la consejera, Alicia García, con motivo de la firma de un acuerdo con Gas Natural Fenosa, empresa con la que se trabaja desde comienzos de este año en este sentido y con la que ahora se amplía el acuerdo al suministro de gas.

En concreto, son 190 las familias beneficiadas este año por los acuerdos rubricados el 29 de julio con Iberdrola (68 familias) y en el día de hoy con Gas Natural Fenosa (122 familias, más de 400 personas), según García, quien ha precisado que el acuerdo busca evitar la suspensión de suministro energético por impago de la factura a las personas o familias más vulnerables o asegurar su inmediato restablecimiento, en 24 o 48 horas, en el caso de suspensión.

El procedimiento de solicitud de suspensión o reanudación de suministro se canalizará a través de los CEAS ya que serán sus trabajadores quienes gestionen la solicitud tras realizar una valoración técnica de la situación en la que se encuentra la persona y/o familia. Serán también estos profesionales quienes determinen si pueden resultar beneficiarios de una prestación económica de urgencia social destinada a la satisfacción de la deuda contraída.

Así, Gas Natural Fenosa se compromete a mantener o reanudar de forma inmediata el suministro mientras se gestiona la concesión al usuario de la prestación económica.

En este sentido, el director territorial de la compañía, José Manuel Toral, se ha referido a su "fuerte compromiso" en la búsqueda de soluciones para las familias con problemas para afrontar el gasto energético, quienes ahora podrán beneficiarse de las ayudas que establece la Junta, encargada de sufragar el pago de esas facturas, para el suministro de gas natural.

La consejera ha recordado que los beneficiarios de estas medidas tienen que ser clientes de ambas eléctricas (con Iberdrola se ampliará próximamente al suministro de gas), tener vivienda habitual en la Comunidad y ser beneficiarios de las ayudas enmarcadas en la Red de Protección a familias, que ya atiende necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social entre las que se encuentra el suministro eléctrico.

En este caso concreto, 7.699 personas del total de beneficiarios de estas ayudas de urgencia social recibieron apoyo para sufragar gastos energéticos, aspecto al que la Junta ya destinó más de un millón de euros en 2014. Hasta la fecha, y durante 2015, se han beneficiado 7.181 personas a las que se ha destinado un millón de euros.

Por su parte el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Alfonso Polanco, tercera parte del convenio firmado hoy, ha apuntado a las "muchas desventajas" de la Comunidad en lo referente a la dispersión y baja densidad de población y, frente a ello, al papel de las administraciones locales y los CEAS para la atención de todas estas necesidades.