La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a afectados por las cerca de 600 viviendas con sentencia de derribo que hay en Cantabria, ha pedido a las administraciones que aprueben con urgencia los planeamientos urbanísticos para que los jueces digan cuáles son legales y a cuáles hay que aplicar los convenios y el artículo 108.3 de la LRJCA.

Así lo ha pedido el colectivo este domingo, durante el acto convocado en Argoños de apoyo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el que se ha abordado la situación de las construcciones sobre las que pesa sentencia firme de demolición tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula las autorizaciones provisionales, una figura aprobada la pasada legislatura y que suponía un "paraguas de 4 años para poder hacer los PGOU", Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios, y que "apenas ha estado en vigor un año y medio".

En el acto, que ha comenzado con un minuto de silencio por los afectados por sentencias de derribo que han fallecido y por los dos policías asesinados en el atentado terrorista de Afganistán, también se ha referido a la sentencia del Supremo que anula el PGOU de Marbella y que afecta a la legalización de 16.000 viviendas que, en caso de derribarse, sólo en indemnizaciones supondría un coste de "más de 5.000 millones de euros".

El portavoz de AMA, Antonio Vilela, ha pedido en nombre del colectivo "justicia" y acabar "con esta cadena perpetua a que soportamos las víctimas sin haber cometido ilícitos alguno".

En el acto también han participado e intervenido el consejero de Presidencia y Justicia de Cantabria, Rafael de la Sierra, que según AMA ha admitido las "dificultades" pero ha trasladado el "apoyo" del Gobierno a los afectados; el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, que ha reiterado sus "dudas sobre las soluciones mágicas" y ha apostado por "trabajar"; el exconsejero de Medioambiente, Ordenación del territorio y Urbanismo y candidato del PP al Senado, Javier Fernández, que ha mostrado su "pena" por la anulación de las autorizaciones provisionales.

En cuanto al reconocimiento de los 67 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Vilela ha manifestado que siguen "creyendo en la utopía", es decir, "que entre todos podemos hacer un mundo mejor".

"Quizás haya que volver la vista al pasado, para no olvidar de donde venimos, los errores cometidos, y sobre todo para coger impulso, que la utopía se puede conseguir si creemos en la misma", ha reflexionado.

El acto ha continuado con la lectura de los 30 artículos de la Declaración Universal y con peticiones para diversos colectivos, como los que sufren injusticias, los refugiados, las víctimas de las guerras, quienes viven en la pobreza o pasan hambre.

Al acto también han acudido alcaldes de municipios afectados por las sentencias de derribo.