Los 13 directivos de Eresa —empresa que se encarga de resonancias magnéticas en hospitales de la Comunitat Valenciana— imputados por un presunto delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social comenzarán a declarar a partir de este lunes, 14 de diciembre, tras rechazar la juez su solicitud de suspensión de las declaraciones y archivo de la causa.

Así figura en un auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia y distribuido este domingo por el TSJCV.

Las defensas de los imputados solicitaron la suspensión de las declaraciones al entender que el asunto ya había sido juzgado por el Juzgado de Instrucción numero 8 de Valencia, que dictó un auto de sobreseimiento de la denuncia de un particular. No obstante, la juez argumenta que las diligencia que se abrieron en dicho juzgado tuvieron su origen en unas presuntas coacciones de un trabajador en las que además se relataban una serie de hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública.

El auto recuerda que se incoaron dos procedimientos de diligencias previas distintas. De un lado, la investigación del posible delito fiscal y, del otro, la de las coacciones.

En este sentido, recuerda que es la investigación de Fiscalía de Delitos Económicos la que finalmente es objeto del procedimiento judicial actual y no aprecia, por tanto, identidad con la investigación archivada.

Cuando se conoció la imputación de los directivos, desde la gerencia de Eresa afirmaron que se trataba de una "discrepancia de criterios con Hacienda, que se da con mucha frecuencia en las empresas" y lamentaron que "cero euros de diferencia con el criterio del inspector de la Agencia Tributaria ha derivado en 13 imputados. Esto destruye empresas y en Eresa somos 300 trabajadores", apuntaron en declaraciones a Europa Press.