Tras la renuncia de José María Fernández (C's) a la Alcaldía de Espartinas (Sevilla) al resultar imputado por la denuncia del PP a cuenta de las anomalías detectadas en los contratos municipales formalizados con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en situación de exclusión social de la Junta de Andalucía, el Grupo socialista del Ayuntamiento espartinero prevé mantener su acuerdo de Gobierno con la formación naranja, explicando que el nuevo pleno de investidura no se celebrará "hasta enero".

El portavoz del grupo socialista y segundo teniente de alcalde de Espartinas, Ignacio Rubio, ha manifestado a Europa Press que tras una reunión entre ambas fuerzas políticas, los socialistas prevén mantener el acuerdo de gobierno alcanzado con Ciudadanos y gracias al cual los socialistas cogobiernan el municipio y controlan las delegaciones municipales de Obras, Servicios, Cultura y Festejos, Movilidad y Salud y Turismo.

Mientras el presidente de Ciudadanos Andalucía, Juan Marín, ha señalado que José María Fernández "no podrá recuperar su acta de concejal ni volver a ser alcalde" a cuenta de su imputación, que se materializa en una citación a declarar como investigado el próximo 20 de enero a cuenta de la denuncia del PP, Ignacio Rubio expone que el pleno de investidura para elegir al nuevo alcalde no se celebrará "por lo menos hasta enero".

Y es que una vez formalizada a todos los efectos la renuncia del alcalde, según Ignacio Rubio, media un plazo de "diez días hábiles" para convocar un pleno extraordinario en el que se materialice la renuncia del alcalde, tras lo cual alguno de los miembros del gobierno municipal asumirá la Alcaldía de modo "accidental" y, con un nuevo plazo de diez días hábiles, será convocado el pleno de investidura necesario para elegir al nuevo regidor o regidora. "Por lo menos hasta enero", ha insistido.

El caso espartinas

El asunto parte de una vecina que se había declarado "en huelga de hambre" al considerarse "injustamente discriminada" en las contrataciones temporales promovidas por el Ayuntamiento, con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en situación de exclusión social, impulsado por la Junta de Andalucía pero canalizado mediante los consistorios.

Según manifestaba esta vecina a Europa Press, en la selección de personas beneficiadas por los contratos, realizada por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, "ha podido haber alguna irregularidad", porque ella "siempre" había estado "en los cinco primeros puestos" a la hora de la clasificación de las personas más necesitadas del municipio, si bien en esta ocasión había quedado "fuera" de la selección. El Gobierno municipal, según ella, "ha reconocido que no se ha seguido todo el protocolo" en el procedimiento de selección, defendiendo el Equipo de Gobierno, de su lado, que las contrataciones fueron fruto de la selección de los servicios sociales municipales sin "intromisión" alguna.

Tras revisar el procedimiento de selección, no obstante, el Ayuntamiento acordó "retrotraer" dicho proceso "hasta el momento en el cual debería haber sido abierto un periodo de alegaciones". Dado el caso, las 18 contrataciones entonces ya formalizadas quedaron "canceladas hasta que no se resuelvan las posibles alegaciones", elevando el PP una denuncia a los tribunales, porque "el gobierno local realizó 18 contrataciones a sabiendas de que el propio secretario de la corporación advertía en un informe con fecha 15 de septiembre de que se retrotrayeran las actuaciones, pues no se habían respetado los plazos de alegaciones".