Más de la mitad de los 52 imputados en la operación EDU han prestado ya declaración en el juzgado de Instrucción número 4 de la capital jiennense. Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que la intención es que la práctica totalidad de los personas imputadas, salvo alguna excepción, declaren ante la magistrada Carmen Ballesteros a lo largo del mes de diciembre.

La primera fase de la operación EDU en Jaén se desarrolló policialmente en el mes de marzo y se cerró con 42 detenidos, a ellos se le sumarían otros diez detenidos más en junio en una segunda fase de la operación. De los 52 detenidos e imputados, 44 son empresarios acusados por la Policía de falsedad y estafa en el cobro de subvenciones, que se embolsaron presuntamente de forma indebida.

El resto de implicados son cargos políticos, entre los que se encuentra la exdelegada de Empleo, Irene Sabalete, y personal técnico de la Junta de Andalucía. Sobre ellos pesa la acusación de no haber controlado el destino de los fondos públicos destinados a la formación de personas desempleadas y de conceder las subvenciones sin atenerse a criterios legales.

Aunque no han trascendido las declaraciones de los imputados, las mismas fuentes han señalado que en la inmensa mayoría de los casos están negando los hechos que se le imputan. En el caso de los empresarios coinciden en sostener que pidieron ayudas para la formación y que impartieron los cursos correspondientes y de hecho mantienen que con posterioridad se sometieron a todos los controles y justificaciones que le pidió la Administración autonómica.

La investigación policial desveló en su día que prácticamente todos los cursos de formación investigados se había impartido realmente. Sin embargo, también detectaron numerosos casos de gastos supuestamente inflados para aumentar el volumen de ayudas públicas que se percibían y para cuadrar los gastos declarados al volumen de la ayuda.

De esta forma se detectó por la investigación policial que responsables de academias habían cobraron hasta 70 euros la hora por clases supuestamente impartidas por ellos mismos o contratos de mantenimiento de ordenadores a precios desorbitados.

La causa sobre presuntas irregularidades en los cursos de formación se sigue instruyendo en Jaén después de que La Audiencia Provincial estimara el pasado mes de julio el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión de la magistrada de Instrucción 4 de inhibirse en la causa en favor de Instrucción 6 de Sevilla.

La magistrada de Instrucción 4 había argumentado para inhibirse que la jueza Alaya ya investigaba hechos idénticos por lo que consideraba que era Sevilla quien debía seguir con la investigación para darle un enfoque global ya que había hechos similares en las ocho provincias andaluzas.

Frente a este argumento, el fiscal recurrió porque entendía que tras las investigación policial sobre los perceptores de las ayudas se debería profundizar para determinar si hay implicación en las supuestas irregularidades de cargos, funcionarios o técnicos de la Junta. En este caso, de personal de la entonces Delegación de Empleo, desde donde se emitieron las resoluciones de ayudas concedidas a los imputados. Para ello, antes de centralizar la causa en un único juzgado de Andalucía era necesario, y así lo sostuvo, el Ministerio Público, encontrar indicios o pruebas que la supuesta decisión de falta de control de las subvenciones iba más allá del ámbito provincial.