La extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento alcalareño e investigada por supuestos gastos privados o sin control cargados a sus cuentas, se regía por un objeto social que propiciaba su funcionamiento como un "comodín al servicio" del gobierno municipal socialista de Antonio Gutiérrez Limones, según el reciente atestado de la Policía Judicial de la Guardia Civil. El atestado, además, señala el "papel protagonista" de Gutiérrez Limones en una ampliación estatutaria de la empresa que los investigadores creen "irregular".

En el citado atestado, recogido por Europa Press, los agentes exponen que si bien ACM fue constituida en 2001 con un objeto social "enfocado a la gestión de los medios y prestación de servicios de comunicación públicos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, como su propio nombre indicaba", el objeto social de esta sociedad fue ampliado dos años más tarde "de forma indeterminada", toda vez que la jurisprudencia de los tribunales "es unánime al exigir que el objeto social no sea ambiguo o indeterminado, porque ello impide un conocimiento cabal de la oportunidad y conveniencia de la constitución de la sociedad".

En el caso de ACM, según la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, "se amplió de forma indeterminada su objeto social" y "en multitud de ocasiones", esta empresa municipal era "una mera intermediaria entre el Ayuntamiento y sus proveedores, a los que ACM contrataba, en los casos en los que había contrato, y pagaba cuando pagaba", partiendo de la premisa de que la empresa pública carecía de "medios suficientes para cumplir con lo establecido", con lo que "con esa ambigüedad e indeterminación del objeto social, cualquier cosa se le podía encomendar".

El papel de las sociedades municipales

Los investigadores, en ese sentido, recuerdan que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local estipula que "el objeto social de las sociedades municipales es gestionar servicios públicos en forma de gestión directa", si bien ACM habría incurrido en contrataciones administrativas ajenas a la "naturaleza de servicio público". "No cabe la creación de una sociedad municipal para que lleve a cabo la contratación de un proveedor para la ejecución de una obra, por no tratarse de un servicio público", avisa el atestado policial, según el cual "la contratación administrativa no es en sí misma un servicio público, sino el medio de hacer efectivo el servicio público, por lo que no cabe crear sociedades municipales encargadas de la contratación de servicios públicos, como se hizo reiteradamente con ACM".

El atestado policial recuerda además que "en multitud de ocasiones", las contrataciones de ACM "incumplían la legalidad vigente en lo referente a la Ley de Contratos del Sctor Público (...), sin existir muchas veces contratos previos que avalasen la prestación del servicio". "Todo ello (...) con la connivencia, visto bueno o dejadez de funciones de los órganos encargados de la ejecución, dirección o administración de ACM", opinan los investigadores, según los cuales por lo que se refiere al objeto social de la empresa reflejado en los estatutos de la misma, al contemplar "cuantas actividades o servicios coadyuven a la mejora de la imagen, promoción y desarrollo de Alcalá de Guadaíra, fácilmente se podrá justificar el empleo de ACM para cualquier fin, es decir un comodín al servicio de quienes lo puedan manejar, que eran quienes tenían la mayoría en el pleno y en el Gobierno local".

El "protagonismo" de limones

"Nunca debió ampliarse el artículo dos de los estatutos de ACM (relativo al objeto social) en los términos expresados, constituyendo su aprobación un acto irregular que facilitó la capacidad de maniobra de los administradores de la empresa pública para cometer los actos delictivos investigados, volviendo a tener Gutiérrez Limones un papel protagonista en esa ampliación de los estatutos, desde el momento en que esa medida fue aprobada por el órgano que presidía, es decir la junta general de ACM", resumen los investigadores.