El exconsejero Antonio Fernández critica su "etérea" e "inconcreta" inclusión en la tercera pieza de los ERE

Reclama su derecho a "no ser innecesariamente sometido a juicio" y confía en que la juez "habrá de asumir su papel como órgano imparcial"

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández ha rechazado "frontalmente" su inclusión en la tercera pieza separada abierta por la juez María Núñez Bolaños en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, relacionada con Surcolor y Surcolor Óptica, y ha lamentado la "etérea" e "inconcreta" disposición del auto donde la magistrada acordó abrir esta pieza.

En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del exconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo, señala que el auto hace referencia a un periodo temporal "que excede el de ejercicio del cargo" por parte de Antonio Fernández, y en cuyo relato "no se individualiza conducta alguna" del imputado, "el cual de hecho no es siquiera mencionado a lo largo del mismo".

Así, "se incluye" al exconsejero "en la relación de eventuales responsables de la presuntamente ilícita ayuda sociolaboral a Surcolor, pero no en base a la determinación de alguna conducta concreta indiciariamente delictiva, sino porque es una de 'las personas que han sido imputadas... en las diligencias previas 174/11'".

Imputación "masiva" y "universal"

"Efectivamente, es cierto que con ocasión de serle recibida declaración en la ya lejana primavera de 2012, Antonio Fernández fue objeto de una imputación que, desde el respeto, bien podemos calificar como masiva y universal, ya que se extendía y resultaba omnicomprensiva de todas y cada una de las ayudas sociolaborales o directas a empresas concedidas a lo largo de todo el periodo en que ejerció cargos en la Consejería de Empleo", pone de manifiesto el letrado.

Todo ello, añade, "sin importar que jamás dictó ni una sola de las resoluciones de concesión de aquellas ayudas, pues la competencia para ello estaba atribuida a la Dirección General de Trabajo", y "sin importar que entre 2000 y 2004 fuese viceconsejero y en cambio entre 2004 y 2010 fuese consejero, con la radical diferencia de competencias y responsabilidades que ello conlleva".

El abogado dice que se trató de una imputación "de carácter general e ilimitado que, por ello mismo, bien cupo —cabe— interpretar a la luz del momento en que se produjo: el del estallido inicial del caso, con el surgimiento de un escenario de escándalo mediático y de utilización política del asunto; en condiciones de muy incipiente investigación y conocimiento de los hechos, y siendo el único exresponsable gubernamental a la mano de la instrucción".

"injusto" ingreso en prisión

Y es que "los restantes venían a la sazón amparados por un fuero especial que les apartó entonces y les puso a buen recaudo de las decisiones del Juzgado, provocando una a todas luces injusta focalización de la máxima responsabilidad sobre el máximo exresponsable político que se tenía a mano", lo que le "costó un lacerantemente injusto ingreso cautelar en prisión que tuvo efectos devastadores sobre su presunción de inocencia y cuyo resultado de injusticia, mucho nos tememos y así lo observamos, aún se extiende en el tiempo y llega hasta el momento presente".

El abogado explica que, en aquel momento, al exconsejero "sólo le cupo negar —y negó— con firmeza cualquier intervención en las concretas decisiones de concesión de tales ayudas", añadiendo que, "resignados entonces a cuanto se resolvió sobre la persona del exconsejero, pero a pesar de todo plenamente confiados en la justicia, cabía albergar la expectativa razonable de que el avance de la instrucción resultaría en una depuración de los hechos".

Por ello, "nos sume en un completo desconcierto leer en este auto(dictado tres años y medio después de aquella inicial ilimitada imputación) que a Antonio Fernández se le incluye en esta pieza separada de Surcolor en base a la exclusiva razón de estar entre 'las personas que han sido imputadas... en las diligencias previas 174/11'", todo ello "sin importar que no sea siquiera mencionado en el atestado policial, o que ni uno solo de los intervinientes en los hechos le atribuya conducta de ninguna clase en ellos".

"Somos muy conscientes de la debilidad de nuestra posición ante la etérea e inconcreta disposición del auto en cuanto a la persona" del exconsejero. "No es otra cosa —se nos diría de recurrirlo— que la atribución de una sospecha indiciaria cuyos términos habrán de confirmarse o desvanecerse en juicio", señala.

"acusaciones infundadas"

A juicio del letrado, "el hecho de ser superior jerárquico de quien como órgano competente resolvió, no puede por sí solo abocar a una persona a juicio en ausencia de otros indicios mínimamente consistentes de participación activa en los hechos", por lo que invoca el derecho de tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho "a no ser innecesariamente sometido a juicio".

En este punto, expresa su "plena confianza" en que, "llegado el momento, el juzgado habrá de asumir su papel constitucional como órgano imparcial y en evitación de acusaciones infundadas".

En la tercera pieza de los ERE, referida a Surcolor, la juez Núñez incluye a 13 imputados, entre ellos cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía, como son el exconsejero de Empleo, los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez, Francisco Javier Guerrero y Daniel Alberto Rivera, y el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, además de al 'conseguidor' Juan Lanzas o a los extrabajadores de Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín.

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