El exalcalde de Ponteareas (Pontevedra) Salvador González Solla y la exconcejala de Hacienda Belen Villar declararán los próximos días 10 y 14 de diciembre ante el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad, imputados en el marco de la 'Operación Patos', en la que se investiga la supuesta comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias en adjudicaciones de contratos y obras públicas de varias administraciones.

Su comparecencia se recoge en una de las piezas separadas de la causa principal, que está a cargo de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, María del Carmen García Campos, quien también se encarga de la pieza separada de Nigrán, pero que se inhibió en juzgados de Ponteareas, Ourense, Pontevedra y Santiago, para que se encarguen de la parte relativa a esos partidos judiciales.

De esta forma, se han hecho cargo de las respectivas piezas separadas el Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra, el de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, y el de Instrucción numero 1 de Ourense.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ponteareas ha asumido la pieza separada de dicha localidad y ha citado a declarar como investigados a los dos exmiembros del Partido Popular del gobierno municipal, además de a la interventora y la secretaria municipal en el momento de los hechos que se investigan.

En concreto, el día 10 han sido citados a declarar el exalcalde popular a las 10,00 horas y la secretaria municipal a las 12,00 horas. Posteriormente, el día 14 será el turno de la anterior concejala de Hacienda —y mano derecha de González Solla— a las 11,00 horas y de la interventora municipal a las 12,00 horas.

Contrato aquagest

Según informes policiales del sumario de esta investigación, al que ha tenido acceso Europa Press, se relaciona a la exedila y al exregidor con la presunta comisión de los delitos de prevaricación y falsedad documental.

La UDEF ha centrado sus investigaciones, entre otros asuntos, en la adjudicación de la gestión y mantenimiento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) a la empresa Aquagest. Según se recoge en sus informes, esta adjudicación se hizo "por la vía del hecho", "sin licitación ni procedimiento administrativo legal alguno".

Así, pone de manifiesto que, en las conversaciones telefónicas intervenidas, la propia Belén Villar admite, hablando con el gerente de Eiriña (el también imputado Enrique Alonso Pais), que el alcalde entonces, Salvador González Solla, tiene un "desmesurado interés" por que se adjudique ese contrato a Aquagest.

Otras supuestas irregularidades

Por otra parte, la Policía también ha investigado supuestas irregularidades en la tramitación de una subvención de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), para la que se habrían falisificados documentos. Según la UDEF se justificaron obras como si hubiesen sido realizadas "con los medios propios del Ayuntamiento" cuando, en realidad, "las ha realizado una empresa privada".

En este caso, además, la Policía cree que pudo haber un delito contra la Hacienda Pública, porque las obras subvencionadas (en las inmediaciones del río Tea) recibieron fondos de la UE.

En el sumario también se apunta a otras supuestas actuaciones delictivas, como la justificación de gastos del Centro de Día que, en realidad, son "ficticios"; las gestiones de la exedila Villar para favorecer la contratación de ciertas personas, para retirar multas o para "ocultar" posibles acciones delictivas de un funcionario (investigado por cobro irregular de la tasa municipal de las terrazas).