El equipo de la Escuela Infantil La Casita, la guardería cuya directora fue detenida el pasado 11 de noviembre por presuntos malos tratos físicos y psíquicos a niños de los dos centros de Jerez que regentaba, ha manifestado que espera que el "peso de la ley caiga sobre las denuncias vertidas" y los implicados "asuman sus responsabilidades".

En un comunicado, la dirección del centro ha realizado un "llamamiento a la tranquilidad", ya que esta escuela infantil "sigue funcionando con normalidad" a pesar de "la dureza de la situación". En este sentido, han criticado que está habiendo "un juicio popular" que, en su opinión "no es nada justo".

Para su equipo de educadores, "lo más grave" que están "sufriendo" es que "muchas personas no están respetando la presunción de inocencia" de su directora —que quedó en libertad con cargos y con una orden de alejamiento de los dos centros que regentaba—, de la que han destacado que "lleva más de 30 años de trayectoria intachable".

Según ha expuesto el abogado que ejerce la defensa de la directora, Rodrigo Tejero, los hechos descritos en la denuncia "están exagerados, descontextualizados y malévolamente manipulados" para "sugestionar" a quien los pueda leer.

De igual manera, el letrado ha advertido el material videográfico aportado por la antigua trabajadora de la guardería que denunció los hechos, como prueba "carece de sustancia", puesto que "la mayoría de las escenas que se muestran podrían pasar por escenas cotidianas de cualquier guardería, si no fuera por el elemento emocional que introduce el hecho de ser visualizadas en un juzgado".

Asimismo, para Tejero resulta "evidente" que las grabaciones —de imagen y audio— se han realizado "de una forma planificada y organizada", estando algunas de las imágenes tomadas "en situaciones, que descontextualizadas, persiguen inducir a confusión en quien las ve".

De la misma forma, ha subrayado también que en las grabaciones de audio en las que se sustenta la denuncia "se intenta introducir la confusión entre los nombres de los menores y los nombres de los propios profesores y directora del centro".

El abogado de la defensa ha resaltado también que si las pruebas aportadas "fueran determinantes", el juez hubiera adoptado "sin dudarlo" la medida de "clausura" de los centros, así como que "si tuvieran verosimilitud, hubiera podido acordarse la prisión preventiva", lo cual no ha ocurrido.

En cuanto al hecho de que algunos padres se hayan sumado a la denuncia por supuestos malos tratos, el abogado ha considerado que "entra dentro de la normalidad de estos procesos", ya que "se trata de un acto reflejo por parte de los padres debido a la alarma social que genera este tipo de casos".