El pinchazo de la burbuja inmobiliaria no solo hundió a España en la recesión y empujó a millones de trabajadores al desempleo. También planteó una duda en la sociedad sobre el modelo económico español. El modelo de turismo, hostelería y construcción, por su altas tasas de temporalidad, sus bajos requerimientos formativos y su escaso valor añadido, no parece ya ser suficiente para sostener la estructura económica de un país como el nuestro.

¿A qué modelo productivo debe orientarse ahora España? ¿Hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos de gasto público para acelerar la economía española y cómo compatibilizar este progreso con una menor huella contaminante? ¿Qué papel jugará la banca, que necesitó ser rescatada por Bruselas en la pasada crisis económica? Y finalmente, ¿qué políticas presupuestarias deben consensuarse con Bruselas y cuáles deben ser soberanas del Gobierno español?

Estas son las principales propuestas para estos asuntos que incluyen los partidos con opciones de gobierno en las elecciones generales del 20-D.

PP: Los populares se comprometen a que en 2020 la inversión en I+D+i supere el 2% del PIB español e incluso llegar al 3% en función de la evolución de la economía. Impulsarán la iniciativa Industria Conectada 4.0 para transformar digitalmente la industria y crearán un programa de apoyo a emprendedores del mundo digital, con el objetivo de retener en nuestro país el talento de los jóvenes. Por otro lado, impulsarán la movilidad temporal de investigadores entre centros públicos y empresas, así como hacia centros extranjeros para incorporar después lo que han aprendido al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Revisarán además la compensación de patentes, para que los investigadores que las impulsen reciban al menos el 50% de los ingresos que generen. El PP quiere además que las Pymes crezcan en tamaño para desarrollar su productividad y abrirse a mercados internacionales; para ellos proponen un fondo de garantías para proyectos de I+D+i, mecanismos de financiación no bancarios (como el capital riesgo), incluir a estas Pymes en las adjudicaciones de la Administración y sobre todo, poner en marcha tres programas: plan de internacionalización (Programa NEXT), plan de consolidación de empresas de menor tamaño en el exterior (Programa Consolida) y plan de vinculación de empresas de menor tamaño en las actividades internacionales de empresas mayores (Programa Integra).

PSOE: El Partido Socialista propone crear, en el plazo máximo de seis meses, la Agencia Estatal de Investigación y reformar el CSIC con criterios de

excelencia. Proponen además duplicar la inversión en I+D+i —desde los 5.500 millones de los actuales PGE— hasta que la inversión no financiera llegue a ser como mínimo el 50% de la partida total y que ésta represente el 2,5% del gasto público. Los socialistas quieren además recuperar a 10.000 jóvenes investigadores en la primera legislatura. Como el PP, también quieren incrementar el tamaño medio de las empresas para que sean más productivas, innovadoras e internacionales, así como impulsar la creación de 1.000 startups tecnológicas. Finalmente, planean regular la economía colaborativa (Uber, Airbnb, Bla-Bla-car...) para que se desarrolle, pero cumpliendo las normas fiscales y de seguridad para el consumidor.

Ciudadanos: El partido de Rivera también enfoca su programa hacia el crecimiento de las Pymes y la mayor inversión en investigación. Ciudadanos propone aumentar la inversión (pública y privada) en I+D+i hasta un 3% del PIB anual. Para ello creará dos organismos: un Comité de Ciencia y Tecnología Asesor al Gobierno y una red de institutos tecnológicos (al estilo de la alemana Fraunhofer) que se llamará Red Cervera de Transferencia Tecnológica, donde se llevará a cabo investigación aplicada y se resolverán los problemas tecnológicos que les planteen las empresas. "De esta forma se lleva el conocimiento a las empresas sin necesidad de que los investigadores se conviertan en empresarios", dice Ciudadanos, que explica que la red tendrá una sede y 30 institutos, cada uno centrado en un área de la ciencia aplicada a la ingeniería. Además implantarán un Programa de Entrada Express que facilite la llegada a nuestro país de talento extranjero con alto nivel educativo o que ofrezcan un proyecto empresarial concreto. También proponen favorecer la economía colaborativa, mediantes "ciudades colaborativas" y un especial valor en las zonas rurales, pero —al igual que establece el PSOE— cumpliendo las leyes y la seguridad. Finalmente, crearán una agencia de apoyo a las Pymes, reservarán para ellas un 30-25% de las compras que realice la Administración y apoyarán que estas Pymes aborden procesos de concentración empresarial con incentivos fiscales a las fusiones.

Podemos: El partido liderado por Pablo Iglesias propone un Pacto Nacional por la Economía Productiva que revierta la desindustrialización y "resitúe la inversión productiva en el centro, por encima de la maximización del valor accionarial". Promoverán clústeres de cooperación entre empresas y administraciones públicas, y crearán comités estratégicos sectoriales. Además quieren poner en marcha fondos de inversión soberanos de carácter público para evitar la desnacionalización de empresas estratégicas y evitar así que fondos buitre controlen compañías decisivas para el tejido productivo. Contemplan un Programa Nacional de Introducción a la Investigación, incentivando a los recién graduados en el campo de la investigación, aumentando un 100% las convocatorias posdoctorales y potenciando la contratación indefinida de los investigadores. También crearán una red de empresas incubadoras y aceleradoras en Estados Unidos y en España que contribuya a la creación de proyectos empresariales viables e innovadores en ambos países, "especialmente en el sector de la economía social y solidaria". Anuncian un Plan de Rescate de la ciencia llamado Convocatoria Margarita Comas para recuperar jóvenes talentos que hayan tenido que dejar el país en los años anteriores con contratos de cuatro años que pueden convertirse en indefinidos tras una evaluación de objetivos. Se marcan como objetivo alcanzar el 2,7% del PGE en inversión en I+D+i en 2017 y el 3% en 2020. Para la economía colaborativa (Uber, Airbnb, Bla-Bla-car...) prometen aprobar una ley integral que la regule y equilibre los intereses de todas las partes, así como las obligaciones en materia fiscal y de Seguridad Social.

Unidad Popular: Como Podemos, también se enfocan en la reindustrialización del país, con especial incidencia en las comarcas en declive. Proponen un modelo productivo determinado por parámetros sociales y ambientales y que tenga en cuenta "modelos más locales", que eviten el excesivo uso del transporte y orientados a satisfacer mercados más próximos. Desarrollarán un polo empresarial público en todos los sectores estratégicos de la economía, especialmente en energía, transporte, comunicaciones y nuevas tecnologías (incluida la industria farmacéutica), desprivatizándolos en su caso. Además, orientarán los recursos de I+D+i a aplicaciones civiles, descartando el modelo de desarrollo vía innovación militar. Su apuesta por la investigación para por la creación de una Agencia Estatal de Investigación y por dedicar a ello una inversión pública mínima del 3% del PIB: los beneficios económicos, si los hubiese, repercutirán en la entidad pública que haya realizado la investigación. Anuncian un Plan de retorno de investigadores y científicos en el extranjero.

PP: Los populares proponen "más transparencia e información sobre productos financieros" para que el usuario pueda valorar su contratación, una medida que ya se impulsó en noviembre con la aprobación en Consejo de Ministros de un semáforo de riesgo en productos financieros. Además, crearán un organismo de atención de reclamaciones por los usuarios de servicios financieros, incrementarán el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios y promoverán la formación financiera en colegios y universidades para que "desde la infancia se inculque una cultura financiera".

PSOE: Los socialistas no desean malvender la nacionalizada Bankia, así que plantean que se privatice solo cuando se haya recuperado "en todo o en parte" el valor invertido por el Estado para su nacionalización y rescate. En su programa contemplan además reforzar con más capital al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que pueda prestar más dinero. Sobre la Sareb proponen, por un lado, que contribuya a crear un "parque de vivienda social de alquiler" al que puedan acogerse familias desahuciadas de su vivienda habitual, y se impondrán "condiciones estrictas y transparentes a la venta de sus activos a fondos de inversión".

Ciudadanos: El partido de Rivera promete una Ley de segunda oportunidad para las personas que "de buena fe" se endeudaron demasiado durante la crisis; esas personas en algunos casos se verán exonerados de parte de las deudas pero las medidas no serán "excesivamente gravosas" para los bancos, para que no afecte a su capacidad de conceder créditos. No apoyan una dación en pago con efectos liberatorios y retroactivos plenos, sino con el valor del mercado del inmueble (no por el saldo vivo del préstamo si este fuera mayor). Por otro lado, consideran la expropiación forzosa a los bancos durante tres años para familias en circunstancias de emergencia social. En cuanto a la Sareb, impulsarán convenios con las Administraciones para poner viviendas en alquiler social, especialmente para los más jóvenes. Para evitar una nueva comercialización inadecuada de productos financieros, crearán una Comisión Nacional de los Mercados Financieros (CNMF).

Podemos: El modelo bancario de Podemos contempla una separación plena de la banca minorista y la banca de inversión. así como constituir una banca pública a partir de Bankia y de Banco Mare Nostrum orientada a financiar equipamientos públicos, proyectos empresariales de largo plazo y ayudar a colectivos con problemas de acceso a crédito para adquirir una casa. Además, su modelo bancario pasa por reforzar la competencia en el sector y plantear límites a la concentración bancaria para que las entidades no sean "demasiado grandes para quebrar". Proponen además una auditoría y reestructuración de la deuda contraída como consecuencia del rescate financiero de la UE, para que sean las entidades quienes salden dicho préstamos como pagadores de la factura. Por otro lado, crearán un organismo público estatal de protección al consumidor bancario y una agencia europea de calificación que sea pública e independiente. También reforzarán el ICO para que junto a la Banca Pública preste más dinero a las Pymes. Y finalmente, convertirán la Sareb en un parque público de vivienda en alquiler.

Unidad Popular: Como Podemos, también contempla crear una banca pública, estatal y de cercanía con gestión democrática, regida por principios éticos y que facilite el crédito a las necesidades sociales con mejores condiciones de préstamos hipotecarios. Promulgarán asimismo una nueva Ley Hipotecaria, en la que los bancos estén obligados a aceptar la dación en pago como condonación de la deuda en las nuevas hipotecas, y se aprobará una Ley de Segunda Oportunidad para evitar que las personas que han perdido su vivienda por una ejecución hipotecaria mantengan una deuda con el banco, una medida que (a diferencia de lo que propone Ciudadanos) se aplicará con carácter retroactivo. También se compromete Unidad Popular a multar a las entidades que posean viviendas vacías. Además eliminarán las cláusulas suelo en las hipotecas (en vigor y futuras), prohibirán el embargo de la vivienda habitual —tanto de los titulares hipotecarios como de sus avaladores— y paralizarán de forma cautelar durante un año prorrogable todos los desahucios de primera vivienda, que tampoco podrán realizarse por las administraciones públicas. Plantean finalmente la disolución de la Sareb y de las Socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario).

PP: Los populares impulsarán la eficiencia energética mediante un Fondo Nacional dotado con 1.800 millones de euros para rehabilitar viviendas, mejorar la eficiencia del alumbrado municipal, aumentar el uso de la biomasa, energía solar térmica y geotermia, tanto en instalaciones individuales como colectivas. Además, se comprometen a "hacer más compresible" y congelar la factura eléctrica en la parte que depende del Gobierno, así como aprovechar los posibles superávits del sistema para bajarla. Afirman su "compromiso" con la energía sostenible, pero matizan que deben hacerlo "compatible" con unos precios adecuados y con la sostenibilidad financiera del sector para "no vuelva a generar déficits". Proponen mejorar la competencia en los mercados de electricidad y gas, vigilar el mercado de fijación de precios de los carburantes y la implantación de gasolineras independientes. El PP asegura que mantendrá la actividad minera y las centrales nucleares, y culminarán la construcción del almacén nuclear en Villar de Cañas. Finalmente, para impulsar los coches eléctricos, se comprometen a realizar una estrategia de despliegue de infraestructuras de recarga.

PSOE:  Los socialistas proponen una electrificación equilibrada en todo el territorio español, mediante la reducción del uso de combustibles fósiles y la restricción a los permisos para nuevas prospecciones de gas y petróleo. Sin embargo, dicen que mantendrán el consumo de carbón nacional en la forma prevista en los acuerdos del sector. Contemplan la prohibición del fracking y el cierre progresivo de las centrales nucleares, empezando por Garoña, con un calendario que fija en 2028 el cierre de la última central nuclear. El PSOE, además, se compromete a revisar la decisión de construir el almacén de residuos radiactivos (ATC) en Villar de Cañas. También impulsarán una auditoría sobre los costes integrados en la tarifa energética.

Ciudadanos: Proponen un cambio en el modelo energético, potenciando las renovables, para que en 2050 el país no dependa de los combustibles fósiles. Para ello, el partido de Albert Rivera se compromete a eliminar las trabas al autoconsumo, considerará improcedente el impuesto al sol y permitirán a los hogares verter (y vender) su energía excedentaria a la red. Además, se comprometen a ampliar la oferta de operadores y evitar que las generadoras, distribuidoras y comercializadoras formen parte del mismo grupo energético. Por otro lado, rehabilitarán edificios residenciales, comerciales e institucionales mediante desgravaciones fiscales. En entornos rurales, se favorecerá el uso de biomasa para calefacción y agua caliente. Descartan el uso del fracking por sus riesgos medioambientales, la escasez de yacimientos en España y su baja rentabilidad económica con las técnicas actuales. Y finalmente, impulsarán la penetración y uso del vehículo eléctrico, fomentando la investigación en baterías de alta eficiencia para estos coches e impulsando las redes de recarga. No especifican nada en el programa sobre energía nuclear pero su líder, Albert Rivera, ya dijo hace unos días que no se podría prescindir de ella y el programa contempla usar un mix de energías de forma equilibrada y sostenible.

Podemos: Los de Pablo Iglesias impulsarán un Plan Nacional de Transición Energética que movilice inversión público-privada de hasta un 1,5% del PIB durante 20 años y cree hasta 300.000 empleos en el primer año de funcionamiento y 400.000 en la fase final del plan. Contemplan un cierre paulatino de las centrales nucleares y del carbón y no se autorizará la explotación de gas y petróleo mediante fracking. Derogarán el decreto de autoconsumo eléctrico aprobado este año por Industria, eliminando el impuesto al sol e implementarán el balance neto para que los hogares que viertan energía al sistema puedan cobrar por ella. Se auditarán los costes de la producción, transporte y distribución de electricidad en el sistema y se reforzará la competencia en el sector. Todas las dependencias de las Administraciones contratarán de forma progresiva un 100% de fuentes de energía renovables. Se reorientará el sector de la construcción hacia la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética en 200.000 edificios al año, desde el comienzo de la legislatura, para ahorrar un 80% de su energía. Finalmente, promoverán la recuperación por parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen.

Unidad Popular: La propuesta estrella de la coalición liderada por Alberto Garzón propone un Plan Nacional de Rehabilitación para la eficiencia energética de millones de edificios, como "factor de reactivación económica que multiplicará la creación de empleo". Para ello, crearán una empresa pública de energías renovables que dé apoyo técnico y financiero a la producción distribuida a particulares y edificios, incentivando en los diferentes modos de energías renovables. Su objetivo es que en 2050 se ahorre un 50% de la energía, se mejore un 60% la eficiencia energética y el 100% del consumo proceda de fuentes renovables. Como el resto de partidos (excepto el PP) prohibirán el fracking. La coalición no contempla el cierre de la minería, pero sí hacerla más sostenible para limitar sus efectos medioambientales y mantener el empleo en el sector. Suspenderán los permisos de investigación o autorizaciones de exploración de hidrocarburos concedidos o en tramitación, en aguas del Mediterráneo y colindantes a Canarias. En cuanto a la energía nuclear, acordará un calendario de cierre de todas las centrales y no se reabrirán las ya paradas; además los almacenes de residuos se instalarán donde ya existen centrales y se repercutirán los gastos de su gestión a sus propietarias. En cuanto a la factura eléctrica, se eliminarán las cuotas de conexión, se pagará solo por consumo, se cancelará la instalación de los nuevos contadores por horas y se ampliará el bono social. Se auditarán en todo caso los costes del sector energético para aclarar el déficit tarifario. Promoverán asimismo el autoconsumo, derogando el impuesto al sol y la posibilidad de intercalar una batería entre la instalación de generación y el equipo de medida; además se subvencionarán las instalaciones a cambio de la energía sobrante que se genere, sin trabas administrativas ni penalizaciones económicas. En cuanto al coche eléctrico, propone Unidad Popular la instalación pública de electrolineras solares en las áreas de descanso, crearán un fondo de subvención para la instalación de puntos de recarga a nivel municipal y otro para subvencionar la compra exclusiva de coches eléctricos.

PP: Los populares aseguran en su programas que seguirán eliminando duplicidades en la Administración, simplificando procedimientos y suprimiendo trabas burocráticas, pero mantendrán las Diputaciones Provinciales. En Europa, se muestran a favor de avanzar hacia la Unión Fiscal y la Unión Bancaria. Consideran prioritaria la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) con Estados Unidos.

PSOE: Los socialistas reformarán el articulo 135 de la Constitución que ellos mismos ampliaron en 2011 para regular el principio de estabilidad presupuestaria; ahora proponen que las prestaciones sociales sanitarias y educativas no dependan del presupuesto realizado cada año, sino que tengan una asignación fija por ley. Se comprometen a cumplir los compromisos de estabilidad presupuestaria pactados con la UE, pero quieren un "regla de oro" para que las inversiones en I+D+i no computen a la hora de calcular el límite de déficit pactado con Bruselas. Finalmente, se comprometen a velar para que la negociación del TTIP garantice "los derechos sociales, medioambientales, sanitarios, de seguridad alimentaria y la protección de datos personales alcanzados en la UE".

Ciudadanos:  El partido de Rivera se compromete a suprimir el Senado, eliminar las diputaciones provinciales y fusionar ayuntamientos para reducir el gasto de las Administraciones. Además, fijarán una tabla nacional de sueldos para alcaldes y concejales. Y además proponen que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) deje de depender de Hacienda como hasta ahora, y sea completamente independiente para realiza informes del coste y beneficio de todas las inversiones públicas. Finalmente, defienden el TTIP como método de reforzar la "comunidad atlántica" y como una oportunidad para reducir aranceles en las exportaciones de productos europeos y abaratar las importaciones desde el mercado estadounidense, pero —como contempla el PSOE— respetando ciertas líneas rojas como los derechos humanos y laborales, la protección del consumidor, de los servicios públicos y del medioambiente. Finalmente, apoyan "mutualizar" en la Unión Europa parte de la deuda de los países y que el Eurogrupo supervise los presupuestos nacionales.

Podemos: Puesta en marcha de una auditoría de la deuda en sede parlamentaria. Derogarán el artículo 135 de la Constitución para dejarlo a su estado anterior a su modificación en 2011. Se comprometen a ampliar el plazo de reducción del déficit público pactado con la UE, para compatibilizar la estabilidad presupuestaria con la creación de empleo y la atención a las necesidades sociales. Impulsarán una reforma del Pacto de Estabilidad que elimine el objetivo de equilibrio presupuestario estructural y flexibilice los objetivos de deuda y déficit; en este sentido, quieren que cierto nivel de inversión pública ("regla de oro") no contabilice a efectos de déficit. Defienden un presupuesto fiscal común en Europa y la emisión de eurobonos. El partido de Pablo Iglesias se compromete además a no ratificar el tratado TTIP.

Unidad Popular: La coalición de izquierdas coincide en varios puntos de su programa con Podemos: revertirán la modificación del artículo 135 de la Constitución, también harán una auditoría de la deuda pública para reestructurarla en tiempo y tipos y proceder al impago de la parte "ilegítima" y también coinciden en oponerse al TTIP. Por otro lado, pedirán a la UE que permita el acceso de los Estados a la financiación directa del BCE. Y como PSOE y Podemos, también respaldarán en Bruselas una "regla de oro; en su caso para que la inversión en I+D civil no compute para el cálculo del déficit.