La Fiscalía de Valencia ha pedido al juzgado que llame a declarar como imputado al exalcalde de Gandia (Valencia) Arturo Torró (PP) por la compra de los cines y bolera de un complejo hotelero de la playa del municipio, una operación que fue denunciada por el PSPV por considerar que el proceso estaba plagado de irregularidades.

Así consta en el escrito de denuncia que ha remitido la fiscal del caso al Juzgado Decano de los de Instrucción de Gandia, en el que también ha reclamado la imputación del exvicepresidente de la empresa pública IPG Francisco Javier Reig, así como diversos informes sobre este asunto al Interventor del Ayuntamiento y de la Generalitat.

Tal y como se recoge en la denuncia de Fiscalía, Torró, en su condición de alcalde de Gandia y como presidente de la sociedad IPG acordó el 22 de diciembre de 2011 aprobar el contrato por el que Vipei S.A. —propietaria del hotel— cedía a IPG un bien inmueble ubicado en la playa de Gandia, valorado en 6.705.000 euros, como pago de la deuda tributaria que Vipei y otras empresas relacionadas tenía con el consistorio. Se facultó a Reig a formalizar y elevar a público dicho contrato.

El 16 de enero de 2012 se firmó la escritura pública de cesión del bien inmueble para el pago de deuda tributaria con compensación económica entre Vipei e IPG. En la escritura se acordaba que la deuda que mantenía Vipei con Gandia ascendía a 1,3 millones de euros, acordando también que la cantidad de 440.400 euros se descontaba del precio por corresponder al IBI de 2012 para hacer frente a la plusvalía, de una anualidad de arrendamiento y de los gastos de apertura y acondicionamiento de los locales, asumiendo IPG el pago de 4.934.007,86 euros en el plazo de dos años.

Como consecuencia de este acuerdo, se levantaron los embargos sobre los locales ubicados en la calle Benicanena de Gandia y las rentas que percibía la mercantil Vipei y que se habían acordado en octubre de 2010 para asegurar el pago de las deudas que la empresa mantenía con Gandia por el impago del Impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 y que ascendía a 622.665,99 euros.

Con esta actuación el Ayuntamiento de Gandia dejó de tener una garantía sobre los bienes inmuebles embargados para el pago de la deuda tributaria que mantenía Vipei con el consistorio, a asumir el pago de dicha deuda y endeudarse frente a la mercantil en una cantidad de 4.934.007,86 euros.

Por estos hechos, conocidos como 'Operación Aplauso', Fiscalía entiende que la anterior corporación municipal de Gandia podría haber cometido un delito de prevaricación. Por ello, solicita al juzgado la apertura de diligencias y las declaraciones como imputados de Torró y Reig.