El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma interrogará como imputado este miércoles, a partir de las 10.00 horas, al jefe del Servicio Técnico de Recursos Humanos del Consell de Mallorca, Miguel Gayà, por presuntamente influir en el resultado de una sentencia para perjudicar a una funcionaria de la Institución insular que acudió a los tribunales al no serle concedidas las mejoras contractuales que le correspondían de acuerdo a su categoría.

El juez le ha citado a declarar tras admitir a trámite la querella que interpuso la afectada contra él por presuntos delitos de prevaricación por omisión, estafa procesal, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos.

La querella, a la que tuvo acceso Europa Press, subraya que el imputado actuó "bien deliberadamente, bien recibiendo instrucciones de terceras personas", y asevera que el comportamiento de Gayà "no concibe justificación lógica ni racional que no sea un dolo delictivo".

Los hechos, según apunta la representación procesal de la funcionaria, ejercida por el abogado Francisco José Pérez, arrancaron cuando la querellante, miembro del departamento de Medio Ambiente, presentó un escrito para solicitar su adscripción a la categoría que le correspondía tras varios años en el Consell, superior a la que ostentaba entonces, y se le remunerase conforme a la misma. Una petición que la Institución desestimó.

La decisión del Consell motivó que la afectada interpusiera una demanda ante los Juzgados de lo Social, tras cuyo juicio se acordó una práctica final dirigida a que Inspección de Trabajo elaborase un informe sobre los hechos y determinase qué categoría y profesional se le debía reconocer a la funcionaria, el salario que debía percibir y el importe al que tenía derecho en concepto de atrasos.

Inspección libró así oficio a la Administración insular a fin de que fuesen citados tanto la afectada como el superior jerárquico de ésta y el representante legal del Consell de cara a elaborar el informe. Sin embargo, cuando este requerimiento le llegó a Gayà, en lugar de dar cumplimiento íntegro al mandato -previa orden judicial- "decidió deliberadamente no notificar" a la trabajadora que debía acudir a Inspección de Trabajo.

Como consecuencia, la empleada no acudió a la entrevista, y sí los representantes del Consell, por lo que Inspección emitió un informe con sólo las manifestaciones de la Institución. Las pretensiones de la funcionaria fueron por tanto desestimadas en sentencia, añade la querella, en base a un informe "sesgado y parcial por culpa y acción de Miguel Gayà".

Según la denuncia, la afectada tuvo conocimiento "de forma fortuita y casual" cuando a merced de la nueva relación de puestos de trabajo del Consell pudo acceder a su expediente personal, "pues ello le había sido imposibilitado en anteriores ocasiones".

El abogado de la querellante asevera que el imputado "aprovechó su puesto de trabajo" para perjudicarla y recalca que ésta, "de forma súbita e inesperada, sin poder actuar ni defender sus derechos, fue notificada de una sentencia que se sustentaba en un informe de Inspección de Trabajo que se emitió sin la preceptiva y exhortada judicialmente reunión" con ella.

"mejora laboral y salarial cercenada por el querellado"

Un proceso judicial "cuya relevancia laboral y económica resultaba, y resulta, incuestionable" para la empleada, quien "era la interesada en una resolución judicial favorable a sus pretensiones, pues en disputa se encontraba una mejora laboral y salarial que se vio cercenada por el proceder el querellado", relata el escrito.

El letrado recuerda además que Gaya es la persona "en quien el propio Consell depositó la confianza y tarea de citar a las tres personas que refirió Inspección de Trabajo, confianza derivada de sus propias funciones como personal al servicio de la propia Administración y reforzadas con el plus que conlleva ser el jefe de Recursos Humanos, lo que conlleva un mayor celo en el ejercicio de sus competencias y mayor responsabilidad frente a la Administración".

"El querellado, de forma implícita, desobedeció la orden de Inspección de Trabajo que derivaba de un mandato judicial", añade la querella, que recalca cómo "omitió dolosa, clara y abiertamente la totalidad del mandato al no notificar absolutamente nada" a la funcionaria del Consell.