El equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga ha aprobado este martes en sesión plenaria una adenda al convenio de colaboración entre el ente supramunicipal y las localidades malagueñas de Ardales y Álora para garantizar que el Caminito del Rey sea de uso público.

Éste es uno de los primeros pasos para que en un futuro la Diputación ceda la explotación del espacio en régimen de concesión demanial a una empresa privada. Todo esto, ante el rechazo de todos los grupos de la oposición que, aunque están de acuerdo en que se cobre entrada, no comparten el paso a manos privadas.

En primer lugar, la diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo (PP), ha defendido el voto a favor de su partido al cobro de entradas y a la cesión a una empresa privada a cambio de un canon porque "los ayuntamientos socialistas de Ardales y Álora así nos lo han pedido".

Además, ha asegurado que este cambio en la gestión del espacio turístico a partir de abril de 2016, cuando termina el convenio vigente, supone que "los malagueños no lo paguen con sus impuestos", ya que "serán los propios visitantes los que harán con su entrada".

Frente a la postura del Partido Popular, la oposición en bloque ha negado con su abstención que la opción de los 'populares' sea la más adecuada para la gestión del entorno. En concreto, el portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, ha criticado que pase a manos privadas porque "se van a aprovechar de un espacio de todos".

En esta misma línea, el portavoz del PSOE, Francisco Conejo, ha recordado los "múltiples fallos de empresas privadas" en la gestión de venta de entradas. Asimismo, ha lamentado la "tardanza" del PP en fijar una solución a la gestión del Caminito del Rey porque "es algo que llevamos pidiendo desde un principio".

El grupo socialista se ha mostrado a favor de que sea la propia Diputación o una fundación la que se ocupe de la explotación del espacio. Por su parte, IU-Para la Gente, a través de su portavoz, Guzmán Ahumada, prefiere ceder la gestión al Patronato de Turismo.

Bravo, que ha reconocido que "lo mejor habría sido decidir la gestión del espacio el año pasado", ha desechado la idea de IU-Para la Gente porque "los ayuntamientos no quieren que sea así" y la del PSOE porque la Diputación "no tiene el personal cualificado".

El objetivo del equipo de gobierno del PP es que la recaudación que se obtenga de las entradas se dirija a mantener las instalaciones. El precio de éstas no ha sido fijado todavía, ya que es competencia de los ayuntamientos de Álora y Ardales, según ha explicado el presidente de la Diputación, Elías Bendodo.

"decisión consensuada"

A las críticas de la oposición, Bendodo ha respondido que la decisión de su privatización ha sido "consensuada" con los ayuntamientos, "al igual que todos los pasos que se han tomado siempre en la gestión del Caminito del Rey".

Al respecto, el presidente de la Diputación ha reprochado al portavoz socialista que intente "emborronar lo que se hace bien" porque "éste es el modelo que quieren" los consistorios de Álora y Ardales.

La explotación será, en cualquier caso, en régimen de concesión demanial. Esto lo ha criticado Conejo, que considera que esto supone "ceder un bien público". "Temo en las manos en las que vaya a caer", ha concluido.