El Pleno de las Cortes de Castilla y León arrancará con la constitución de la nueva Mesa que se amplía a seis miembros tras la reforma del reglamento aprobada en la pasada sesión plenaria, una votación que se puede ver alterada por el desacuerdo manifestado por el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, con Podemos.

En concreto, tras el respaldo de todos los grupo menos el Mixto a esta reforma que posibilitaría la entrada de tres secretarios en la Mesa —PSOE, Podemos y Ciudadanos—, con lo que el PSOE cedería uno de sus puestos, Tudanca ha avanzado que no será así y, dada la disconformidad manifestada por Podemos sobre esta reforma, presentará un candidato de su grupo para lograr dos secretarías en vez de ceder uno de sus puestos.

Con esta votación arrancará la sesión plenaria que se prolongará durante el martes y el miércoles próximos y en la que también se debatirá la toma en consideración de una Proposición de Ley de Podemos para la regulación de los procedimientos de emergencia ciudadanos en la Administración de Castilla y León.

En concreto, a las doce preguntas orales a los miembros del Gobierno autonómico, cuatro de ellas al Presidente de la Junta de Castilla y León, en esta sesión se debatirán dos interpelaciones, tres mociones, ocho proposiciones no de ley -2 de ellas han sido debatidas en las comisiones produciéndose empate en las votaciones-, y la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos.

En cuanto a las Proposiciones No de Ley (PNL) el PSOE defenderá una relativa a la igualdad salarial entre hombres y mujeres y otra para reclamar la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, mientras que el PP defenderá que se refuerce el papel de centros integrados de Formación Profesional.

Pro su parte, Podemos reclamará el impulso de un plan de desarrollo de las comarcas mineras de León Y Palencia, mientras que IU instará a la Junta a la elaboración de informes y estudios para determinar las afecciones medioambientales derivadas de los olores, suelos y aguas subterráneas del entorno y depurar responsabilidades.

Por último, Ciudadanos pedirá a la Junta a que pida al Gobierno a desarrollar una normativa para proteger a los funcionales que divulguen casos de corrupción y a desarrollar en el plazo máximo de un año una normativa autonómica con el mismo objetivo en el seno de la Administración Pública.