Un total de 12 personas están imputadas en las diligencias previas que instruye el Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander como consecuencia de la desarticulación, en enero de este año, de un grupo organizado que concertaba matrimonios de conveniencia para regularizar la situación en España de inmigrantes marroquíes.

Los delitos que se les imputan son en su mayoría por falsedad documental, y no hay ningún imputado en prisión, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El Grupo Operativo de Extranjeros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, en colaboración con la Oficina de Extranjeros de la Delegación de Gobierno de Cantabria, inició en noviembre de 2014 una investigación, posteriormente coordinada por la fiscal delegada de Extranjería, al detectarse 12 expedientes de parejas de hecho, que luego se ampliaron a ocho mas, en los que se observaba un patrón similar.

En todos los casos se trataba de inmigrantes de nacionalidad marroquí que se unían a españolas nacionalizadas de origen sudamericano, todos empadronados en el mismo municipio y registrados en el mismo registro de parejas de hecho, en concreto el Registro de Uniones Civiles del Ayuntamiento de Camargo.

Las investigaciones confirmaron que los ciudadanos marroquíes no habían realizado ningún trámite anterior ante las autoridades españolas. Se detectó asimismo que en todos los casos había intervenido una misma gestoría, y que coincidía la figura del "empleador" en los contratos de trabajo que se aportaban, ya que se había simulado la existencia de relación laboral.

Tras tomar declaración a algunas de las mujeres de origen sudamericano nacionalizadas españolas, se comprobó que se trataba de uniones de hecho fraudulentas, a las que las mujeres accedían a cambio de cierta cantidad de dinero, y cuya finalidad era únicamente que los inmigrantes procedentes de Marruecos pudieran obtener la tarjeta de residentes comunitarios con el fin de marcharse después, mayoritariamente a Francia.

Según información de la Fiscalía a la que ha tenido acceso Europa Press, el cabecilla de la organización es un hombre marroquí que se dedicaba a captar ciudadanos de aquel país, a los que ofrecía a cambio de un dinero (en torno a 6.000 euros), conseguir la residencia legal en España como "familiar de ciudadano de la Unión Europea", para, una vez obtenida la tarjeta, poder pasar a Francia o algún otro Estado del espacio Shengen, que al parecer es el destino final deseado.

Al mismo tiempo, una ciudadana española (nacionalizada de origen sudamericano), era la encargada de facilitar los contratos de trabajo a las mujeres de origen sudamericano nacionalizadas españolas, simulando una relación laboral que en realizad no existía con el fin de certificar ante la oficina de extranjeros el requisito de recursos económicos suficientes para mantener al extranjero marroquí. Las mujeres que accedían recibían igualmente cierta cantidad de dinero.

Al parecer la mayoría de los marroquíes procede de una misma zona o provincia del país norteafricano, y su entrada en Europa no necesariamente ha tenido que producirse por España sino que en ocasiones ya se encontraban en otros países del espacio Shengen con visados temporales que han vencido, por lo que su estancia deviene ilegal, precisando regularizar su situación para permanecer en Europa sin ser expulsados.

Según la Fiscalía, la mayoría de los que han logrado así la tarjeta de residencia como familiares de ciudadanos de la Unión se han ido de España inmediatamente.

La operación estuvo abierta varios meses, en los que se ha tomado declaración policial a las mujeres españolas que han colaborado, alegando muchas de ellas "ignorancia del alcance de la ilegalidad de la operación". La Fiscalía explica que se procedió a la detención del marroquí y la mujer española, máximos responsables de la organización, así como la de las asesoras de la gestoría que han colaborado.

El Registro de Uniones de Hecho de Camargo fue cerrado por decisión del entonces alcalde, Diego Movellán, "nada más tener conocimiento de la investigación policial, y se iniciaron las gestiones para anular las uniones fraudulentas registradas". El regidor firmó una resolución el 30 de diciembre de 2014 para revocar con efectos a 1 de enero el decreto sobre parejas de hecho, y el registro "sigue cerrado", tal y como han informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento de Camargo.

Según la Fiscalía, también se ha tratado de localizar a alguno de los ciudadanos marroquíes que hubiera podido permanecer todavía en España, ya que su manifestación sería "de gran trascendencia". Al parecer existen posibilidades de encontrar al menos a uno de ellos.