Podemos y PSOE ha rechazado este miércoles las nueve enmiendas presentadas a la Proposición de Ley de medidas para la garantía y continuidad en Castilla-La Mancha de los servicios públicos, como consecuencia de la entrada en vigor de la ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local, texto presentado conjuntamente por la formación morada y los socialistas.

Durante la Comisión de Asuntos Generales que ha visto las enmiendas 'populares', que se mantendrán 'vivas' para su debate en pleno, el portavoz de este grupo en la misma, Lorenzo Robisco, ha defendido a las administraciones locales, acusando a las comunidades autónomas, como "padres", de "haberse aprovechado de esa superioridad".

A su juicio, los ayuntamientos "tienen todas las competencias, las propias e impropias" y esa situación era la que el PP quería reflejar en sus enmiendas, ha explicado, abogando, en cualquier caso, por "poner por delante a los ayuntamientos".

Asimismo, el diputado 'popular' ha echado en falta que se constituyera una ponencia de expertos para "ayudar a mejorar mucho esta ley" y "dar ideas", confiando en que en un futuro el texto se pueda completar y asegurando que la "urgencia" con la que se quiere aprobar "no sirve".

Por su lado, el portavoz de Podemos, José García Molina, aunque ha dado la razón al PP en el sentido de que las cosas se podrían haber hecho "de otra manera" si hubiera habido más tiempo, ha incidido en que la ley a modificar siempre la han considerado "injusta". "Entre la urgencia y las cosas bien hechas a veces se tiene que elegir", ha justificado.

"no podía seguir adelante"

En cualquier caso, García Molina ha comentado que sí se hizo un "pequeño estudio de campo" con algunos alcaldes y municipios "de distintos colores" que evidenció que "había cierta unanimidad de que esta ley -la de racionalización de los servicios públicos— no podía seguir adelante y no podía convencer a casi nadie".

La socialista Blanca Fernández ha destacado que hay ayuntamientos "que han tenido verdaderos problemas para sacar adelante" determinados servicios por el "techo de gasto" que les limitaba aunque sus cuentas estuvieran saneadas, y ha resaltado que esta nueva iniciativa pretende que "ningún ayuntamiento tengan ninguna inseguridad jurídica a la hora de ejercer ninguna competencia" a partir del 1 de enero de 2016.

En cuanto a la ponencia de expertos solicitada por el Grupo Popular se ha mostrado "de acuerdo" con ella siempre "que no estuviéramos en tiempo de descuento y si se hubiera hecho esta legislación autonómica cuando había que hacerlo, con tiempo y pausa", pero no ahora, cuando es "urgente" aprobarla.

En cuanto a las enmiendas del PP, el portavoz de Podemos ha asegurado que no podían aprobarlas por no estar de acuerdo con ellas, mientras que Fernández ha criticado que algunas sean "farragosas" o no aporten "nada" y otras restrinjan el texto, pues la ley actual "impediría" que si un Ayuntamiento no aplica actualmente una competencia lo pudiera hacer desde el 1 de enero.