El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha acordado destinar 3.962.859 euros a diversas iniciativas dirigidas a promover la inserción laboral de más de 2.600 jóvenes y personas de colectivos con dificultades para acceder al mercado de trabajo.

Según ha indicado el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, en la rueda de prensa posterior al Consejo, se ha autorizado un gasto, en trámite anticipado, de 3.775.000 euros para mantener durante el primer semestre del próximo año los puestos de 2.300 personas con discapacidad que trabajan en los centros especiales de empleo.

Esta cantidad se suma a los 1.303.414 euros aprobados la semana pasada para ampliar la partida destinada a sostener los puestos de trabajo de las personas con discapacidad contratadas en los centros especiales de empleo durante el segundo semestre de este año, una línea de subvenciones a la que ya se habían dirigido previamente 2.660.600 euros. De esta manera, la cantidad global para los últimos seis meses de este ejercicio alcanza los 3.963.414 euros.

Con estas ayudas el Principado "financia hasta el 50 por ciento del salario mínimo interprofesional de las nóminas de los empleados de los centros especiales".

Hoy también se han autorizado dos líneas de subvenciones por un valor de 187.859 euros que permitirán que 318 jóvenes puedan efectuar prácticas profesionales no laborales en empresas y entidades sin ánimo de lucro.

Una de estas líneas de ayudas favorece que el alumnado que recibe formación en los cursos subvencionados por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) realice un período práctico con una duración máxima de 250 horas.

La segunda línea de subvenciones es la de prácticas no laborales de jóvenes titulados o programa de primera experiencia profesional. En este caso, los beneficiarios son titulados desempleados menores de 26 años y sin experiencia profesional.

Las prácticas deben tener una duración de entre tres y nueve meses. Durante ese tiempo, las empresas conceden a los participantes, como mínimo, una cantidad equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en concepto de beca-salario y cotizan por ellos a la Seguridad Social con determinadas condiciones.