El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha afirmado que la planificación territorial de Andalucía tiene como objetivo atender las necesidades socieconómicas de la región, promoviendo un crecimiento sostenible e impulsando un nuevo modelo productivo que permita la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido ha avanzado que el Gobierno andaluz va a proponer reformas que permitan otorgar mayor flexibilidad al planeamiento urbanístico para lograr un modelo de ciudad y territorio más habitable, en el que se tenga en cuenta las vertientes económica y social, preservando el medio ambiente.

Durante su intervención en el Parlamento andaluz, el consejero ha destacado que el 98 por ciento de la población cuenta ya con planeamiento general, lo que convierte a Andalucía en la comunidad autónoma que más ha avanzado en esta materia. No en vano, la Junta está trabajando en la redacción, revisión y desarrollo de los Planes de Ordenación del Territorio como elementos básicos para la organización de la región. Un ejemplo de ello es el Plan de Ordenación de la Costa del Sol Occidental, cuya revisión se ha acelerado a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, o los planes de la Bahía de Cádiz (2004), o el del Poniente Almeriense (2002).

A esto hay que sumar la ejecución de los planes de las aglomeraciones urbanas de Huelva y Córdoba, cubriéndose así la totalidad de los Centros Regionales identificados en el Programa Andaluz de Ciudades. También se iniciará la redacción de planes de ordenación del territorio de ámbitos rurales con potencialidades de desarrollo vinculadas a sus valores ambientales y patrimoniales, y a su proximidad del litoral y a ámbitos urbanos.

En esta línea, se acometerán los planes subregionales de la Sierra de Cádiz, la Sierra de Ronda y las Alpujarras, y se continuará con la elaboración de los planes especiales de alcance supramunicipal como el de la Vega de Granada, la Vega del Andarax o el del Guadalete, con el fin de mejorar el paisaje, proteger los espacios de valor territorial e implementar el uso público.

En relación con los espacios públicos metropolitanos o de alcance supramunicipal se pondrán en marcha iniciativas de interés general como el parque metropolitano del Arraijanal, actuaciones de espacios públicos en el ámbito del parque fluvial del río Palmones, así como otras acciones dirigidas a la ordenación y gestión del paisaje del entorno de los núcleos rurales, que servirán para la mejora de la biodiversidad, dotación de espacios de uso público o creación de infraestructuras verdes.

En el transcurso de su intervención, el consejero ha resaltado también la entrada en vigor del Plan de Protección del Corredor del Litoral, que protege el 55 por ciento de la superficie de la costa andaluza y promueve un urbanismo menos especulativo y más sostenible. Para Fiscal, gracias a esta iniciativa se revaloriza el litoral, adecuando el desarrollo a la capacidad de acogida del territorio y compatibilizándolo con el planeamiento urbanístico de los municipios costeros. A ello hay que añadir la elaboración de un plan especial con medidas para la regeneración de la franja litoral.

Asimismo, Fiscal ha avanzado que la política territorial andaluza tiene entre sus prioridades la recuperación y mejora de la red de vías pecuarias existentes en la comunidad. No en vano la consejería ha deslindado ya 8.959 kilómetros de estos caminos tradicionales, lo que supone el 89 por ciento de las vías clasificadas con prioridad de nivel 1 en el plan que desarrolla la Junta para la ordenación de las mismas.

1.500

Actividades de investigación entre 2013 Y 2014

De otro lado, el titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha recordado que Andalucía cuenta con un Plan General de Inspección para el periodo 2013-2016, el tercero de estas características que se pone en macha en la Comunidad, para asegurar el cumplimiento de la legalidad territorial y urbanística. Para ello, la Administración autonómica se ha dotado de un cuerpo especial de inspectores, de naturaleza multidisciplinar y con autonomía para el ejercicio de sus funciones. Cabe destacar que entre 2013 y 2014 se han realizado cerca de 1.500 actividades de investigación, 28 procedimientos sancionadores, 43 requerimientos de revisión de oficio a ayuntamientos o 414 informes para otros órganos (fiscalía, cuerpos y fuerzas de seguridad, ayuntamientos, etcétera).

No obstante, Fiscal ha explicado que en todo momento se priman las actuaciones preventivas para tratar de evitar que se consoliden actuaciones ilegales como pueden ser las obras en construcción o las parcelaciones incipientes.

Tras destacar la colaboración institucional y el auxilio a jueces y tribunales para el cumplimiento de la legalidad urbanística, el consejero ha resaltado otras iniciativas dirigidas a mejorar el planeamiento territorial como pueden ser la creación de las Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística a modo de ventanilla única para la tramitación del planeamiento urbano, la tramitación parlamentaria del proyecto que modifica la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía o el cambio de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía respecto a las parcelaciones de viviendas irregulares.

Por su parte, la diputada popular Patricia Navarro ha señalado que en este momento de recuperación de la crisis, "la implicación de la ordenación del territorio en la recuperación económica andaluza es fundamental al ser la principal herramienta de vertebración territorial y del progreso de nuestros pueblos y ciudades".

En este sentido, asegura que la ordenación del territorio en Andalucía "ha sido un contradicción en sí misma", porque "siendo la comunidad que mayor superficie de suelo tiene protegido, alberga alguno de los mayores atentados urbanístico que pueden existir en España como el caso del Algarrobico, levantado con su connivencia".

Por otra lado, Navarro asegura que lo que le trasladan los operadores económicos es que "han creado un auténtico laberinto normativo, de difícil aplicación". Además, "nos hemos encontrado con otro nuevo plan que viene a crear nuevas encrucijadas aumentado su complejidad, lo contrario a facilitar la actividad económica sobre la base de lo que debería ser una legislación básica, concisa y sencilla".

Critica la "tardanza" en la aprobación de los planes

"Lo que han conseguido con este laberinto normativo es generar incertidumbre e inseguridad, que es el mayor enemigo de la economía y el empleo", asegura Navarro, que califica de "parche" a la ley de ordenación del territorio de Andalucía, que "ha sufrido once modificaciones en lo que lleva de vigencia" y resalta que "algo falla" cuando los planes urbanísticos de los municipios "tardan una media en aprobarse de siete, ocho e incluso nueve años".

Por último, asegura que para el PP es una preocupación la anulación por parte del Tribunal Supremo de tanto del PGOU de Marbella como del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol. En este sentido, les gustaría saber "en qué situación queda y que va a hacer la inspección con respecto a esas más de 16.000 vivienda que en Marbella vuelven a estar amenazadas por la demolición".