El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que la Junta va a llegar hasta el fondo para verificar si la empresa Ercros ha cometido alguna infracción o delito medioambiental en sus instalaciones industriales de Huelva. En este sentido, ha subrayado que la consejería va a seguir vigilando y haciendo cumplir la normativa ambiental y exigiendo responsabilidades a quienes no se atengan a ellas.

Durante su intervención en el Parlamento andaluz, el consejero ha recordado que la Junta ha abierto un expediente informativo a la empresa Ercros para determinar la veracidad y el alcance de la denuncia administrativa presentada ante la Delegación Territorial de Huelva. En ella se acusaba a esta firma de la posible contaminación de suelos, derivada de su actividad industrial, y de ocultar información a la Junta durante un largo periodo de tiempo.

Con esta medida la Junta pretende recabar de la empresa toda la información ambiental de la que dispone para cotejarla con la que ya obra en su poder, según ha informado en el Parlamento andaluz el consejero, José Fiscal.

De esta manera, Ercros deberá enviar en un plazo de diez días toda la documentación requerida por la Administración autonómica en materia de aguas, de suelos contaminados y de atmósfera. Entre la información solicitada destaca la relacionada con el análisis de todas la red de piezómetros, las analíticas de caracterización de suelo, informes de cese de actividad total o parcial, estudios de riesgos en suelos o el balance de mercurio, un elemento muy contaminante para el medio ambiente y con serias repercusiones sobre la salud humana.

Durante su intervención, Fiscal ha explicado que esta iniciativa ha sido notificada tanto a la empresa demandada como a la actual propietaria de las instalaciones de esta industria ubicada en Palos de la Frontera (Huelva), así como a las Consejerías de Salud y de Empleo, Empresa y Comercio para trabajar coordinadamente en el estudio de la documentación que remita la empresa, ya que los hechos pueden trascender al ámbito ambiental y tener implicaciones en materia de salud pública y laboral.

Cuando se disponga de esta información se iniciará una segunda etapa de trabajo en la que se va a realizar un profundo y exhaustivo análisis de la nueva información aportada, la cual se contrastará con la que ya tiene la consejería.

Tras expresar la preocupación del Gobierno andaluz ante los hechos denunciados, los cuales se extienden a todas las plantas del grupo en España, el consejero ha aclarado que la consejería está colaborando con la justicia para esclarecer lo ocurrido. Igualmente ha solicitado a la Fiscalía General del Estado, que tuvo conocimiento de estos acontecimientos a la vez que la Junta, información sobre las actuaciones que se lleven a cabo, ya que estas podrían suponer la suspensión o paralización de los procedimientos administrativos.

Hay que actuar "con mucha cautela" por el volumen de información

En opinión del titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio hay que actuar "con mucha cautela y precaución" ya que el volumen de información que se maneja en este caso es muy complejo y denso. En este sentido, ha avanzado que si tras analizar toda la documentación se detecta la más mínima anomalía respecto con lo establecido en las autorizaciones ambientales y en la legislación vigente en general, la Junta procederá consecuentemente, sin descartar ningún tipo de acción.

No obstante, el consejero ha asegurado que el hecho de considerar buenos los datos aportados por las empresas, no quiere decir que estén exentas de que se realicen controles con la finalidad de velar por la protección de nuestro medio ambiente y hacer cumplir la legislación ambiental. Así, el pasado lunes día 23 se llevó a cabo una inspección a la planta onubense, la cual estaba programada con anterioridad a todo lo ocurrido, para detectar posibles emisiones a la atmósfera de mercurio procedentes de la actividad industrial.

"Se han instalado una serie de piezómetros y otros artefactos que nos van a permitir tener un conocimiento más real de todo", ha señalado Fiscal, que ha apuntado también que en torno a una semana "se tendrán noticias de un ciclo completo en los que hay periodos de más y menos producción para obtener datos que permitan acercarnos a la verdad".

Por último, el consejero ha destacado el trabajo que desarrollan los operadores industriales que realizan su actividad en Andalucía de buena fe. Para Fiscal, este sector que alcanza una posición muy destacada en la provincia de Huelva y en su mayoría proactivo en materia ambiental, es muy importante en términos económicos y de empleo.

Por su parte, la diputada de Podemos Mercedes Barranco asegura que "no solo les preocupa lo ocurrido en Ercros por se un incidente medioambiental, sino también porque puede afectar a la seguridad de la población de Palos de la Frontera", al tiempo que ha preguntado a Fiscal si se han hecho visitas a la empresa en los cinco años anteriores y ha animado a la consejería a que "intensifique la labor para garantizar que las empresas operan con todas las garantías".

"el problema de la contaminación era un secreto a voces"

Además, asegura que en el caso de Palos "no es la primera vez que

alertaba sobre posibles episodios de contaminación", sobre lo que ya existía un informe de 2008 de Greenpeace. En este sentido, asegura que desde principios de los años 90 las organizaciones conservacionistas de la zona "han denunciado contaminación general en Ercros", y quiere saber "por qué la Junta no actuó antes y se abre ahora un expediente informativo a la empresa cuando el problema de contaminación era un secreto a voces".

Del mismo modo, Barranco señala que lo ocurrido ha vuelto a crear alarma en la población del municipio e insta "a tranquilizar a la gente y a que se le informe de primera mano de los acciones que lleva a cabo Medio Ambiente y Salud", toda vez que manifiesta que la percepción de la gente a veces "es que a las grandes empresas se les consiente todo".

Por último, Barranco pide "transparencia, celeridad y claridad y que se apliquen todas las acciones correctivas necesarias para revertir los efectos medioambientales y se le exija a la empresa un plan de recuperación ambiental, pagado por ella y no por los andaluces, y que se impongan sanciones, si así procede".