La Delegación del Gobierno ha requerido a la anulación de varios contratos, "por posible infracción del ordenamiento jurídico estatal", realizados por varios ayuntamientos con cargo a la Orden de Corporaciones Locales de 2015, aprobada por el Ejecutivo del PP. La práctica totalidad de los mismos ya han terminado su vigencia.

Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento regional el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota (PSOE), quien teme que estos ayuntamientos tengan que devolver las subvenciones recibidas para llevar a cabo estas contrataciones, lo que generaría, según ha advertido, "efectos muy negativos" para algunos de ellos.

Según ha explicado el consejero, y sin concretar qué ayuntamientos han recibido este requerimiento, ha explicado que en el escrito dirigido a estas entidades locales basa el requerimiento en una "posible infracción del ordenamiento jurídico estatal" por "considerarse nulos de pleno derecho" por "lesionar derechos y libertades suceptibles de amparo constitucional".

Concretamente, se hace referencia a los artículos de la Constitución que hacen referencia a los derechos de los ciudadanos a, por un lado, acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes y, por otro, al acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad".

Además, se añade que en el procedimiento de contratación de personas desempleadas llevado a cabo por los ayuntamientos a los que Delegación del Gobierno les ha remitido la misiva se hizo "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido al no haberse aprobado unas bases para su celebración".

El consejero ha asegurado en el Pleno que el actual Gobierno PRC-PSOE intentará que el efecto para estos ayuntamientos sea el "mínimo posible".

Ordenes de empleo

Sota ha realizado este anuncio en respuesta a una interpelación del PP en el Pleno sobre políticas activas de empleo, en la que ha anunciado también la publicación "en los próximos días" de la Orden de Corporaciones Locales del próximo año, dotada con 31 millones de euros, que ya ha sido aprobada, y también la de Lanzaderas de Empleo.

Según ha explicado el consejero, esta última orden ha sido ya informada favorablemente y va a ser aprobada y publicada en los próximos días.

Sin embargo, no ha sido tan optimista con el futuro de la Orden de PIEs y con la de UPD (Unidad de Promoción y Desarrollo) que, según ha explicado, se está encontrado con problemas jurídicos y de fiscalización.

Según ha dicho, el problema existente con la Orden de PIEs fue la aprobación y entrada en vigor en verano de una nueva Ley de Empleo. En este sentido, Sota ha explicado que el Gobierno regional PRC-PSOE va a intentar ver "si es posible soslayar" este problema y poder aprobarla.