La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha visitado este lunes el centro para personas con sordoceguera 'Santa Ángela de la Cruz', en Salteras (Sevilla), único recurso de estas características que existe en España. La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales financia 28 plazas en este centro, que está compuesto por una residencia y una unidad de estancia diurna.

La entidad titular del centro es la Asociación Española de Familias de Personas con sordoceguera, Apascide, una asociación de ámbito estatal, sin ánimo de lucro y constituida en 1991, que desde el año 2002 viene desarrollando en Andalucía el Programa de apoyo a familias cuidadoras con hijos e hijas con sordo-ceguera.

El edificio cuenta con gimnasio, talleres, piscina cubierta, huerto ecológico, sala de estimulación sensorial, biblioteca de árboles al aire libre. Los talleres que desarrollan se centran en cerámica y barro, mimbre, informática y lectoescritura, así como un aula de habilidades de la vida diaria.

Durante su discurso, Díaz ha destacado que se trata de un centro "único", al que su presidenta, Dolores Romero, "está dedicada y entregada para sacar de la oscuridad a quien ni siquiera se podía diagnosticar la situación en la que se encontraba", toda vez que señala que también es "único" porque "quienes han visto muchos centros de atención a la discapacidad en todos los rincones de Andalucía, no se han enfrentado a un centro donde el nivel de dificultad sensorial es tan elevado que necesitan una ratio de profesionales muy superior a la media para poder atender a personas que requieren un trato diferente para ser lo más iguales posibles".

La presidenta ha subrayado también que se trata de "un centro de referencia" en toda España, además de un "ejemplo" fuera de nuestras fronteras. "No sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar como centro y hemos ido cogiendo lo mejor de las experiencias e innovando en otras muchas en la atención en Andalucía", ha añadido.

Por eso "vamos a tener un compromiso firme y claro", ha señalado Díaz, quien ha asegurado que la ley de dependencia "da dignidad a las personas" y que hay cosas "en las que no se puede escatimar ni un euro y hay que hacer el esfuerzo que haya que hacer a pulmón".

"Si para este tipo de centros abrir las puertas es relativamente más sencillo, el mantenimiento con un nivel de calidad y con la atención que estas personas merecen necesita de compromiso, y el compromiso político lo tenéis", ha manifestado la presidenta, quien ha afirmado que, "si se siente responsable de nueve millones de andaluces, hay algunos andaluces que necesitan más compromiso y responsabilidad que otros por parte de la presidenta".

Por su parte, Dolores Romero ha agradecido a la Junta tener este centro, ya que su apoyo ha sido "indispensable", toda vez que ha destacado la aportación recibida también por el Gobierno central, "sea cual sea el color de quien haya estado al frente". No obstante, ha señalado que para su mantenimiento necesita a la Junta, por lo que ha pedido a Susana Díaz "que se adecue el coste de la plaza a lo que necesitan".

La situación de las personas sordociegas, cerca de 700 en toda Andalucía con un grado de discapacidad superior al 75 por ciento, es tan específica que ha requerido que el Parlamento Europeo haya aprobado una Resolución reconociendo la sordoceguera como discapacidad con entidad propia, y que requiere unos recursos específicos.

Por ello, ha instado a los Estados miembros a que aprueben este reconocimiento y adopten las medidas necesarias para su atención adecuada. Este reconocimiento ha sido fruto de un trabajo constante de la organización europea de sordoceguera EDbN, y dentro de ella la Asociación Apascide ha sido una de las principales impulsoras.

Pacto de estado por la dependencia

La atención a las personas en situación de dependencia forma parte central de la hoja de ruta del Gobierno andaluz. De ahí que en último Consejo de Gobierno, se haya acordado proponer al Gobierno de España un Pacto de Estado en defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

La propuesta de adhesión, que recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, también se dirige a las diferentes fuerzas políticas, colectivos y agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales y otras entidades representativas de los intereses de las personas en situación de dependencia.

Mientras se materializa este Pacto de Estado y se ponen en marcha sus contenidos, la Junta plantea al Gobierno adoptar medidas urgentes para evitar el deterioro del sistema, como que la Administración central vuelva a financiar el 50 por ciento del coste total del sistema, tal y como marca la ley estatal en vigor, frente a la actual aportación que se ha reducido al 22 por ciento.

Asimismo, se propone reponer la inclusión en la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares y no profesionales (en un 94% mujeres), suprimida por un real decreto de 2012.

Según los datos publicados por el Imserso, correspondientes a 31 de octubre, Andalucía atiende a 179.413 personas en situación de dependencia, que se benefician de 234.049 prestaciones. Respecto al mes anterior, el incremento es del diez por cciento, frente al dos por ciento del resto de las comunidades.

Andalucía ha sostenido el sistema prácticamente en solitario, pese a que los recortes del Gobierno de España han provocado una pérdida de financiación de 508 millones de euros a lo largo de la legislatura. Según las propias certificaciones emitidas por el Imserso, el Ejectutivo andaluz viene aportando el 78 por ciento de los recursos frente al 22 por ciento del Estado, cuando la ley plantea un reparto al 50 por ciento.

El presupuesto de la Junta para dependencia supera este año los 1.131 millones de euros, cantidad similar a la que anualmente destina el Estado para todo el país (1.200 millones).

Esta partida aumentará en un 2,5 por ciento en los presupuestos de 2016, cumpliendo así el compromiso de la presidenta de la Junta de alcanzar un incremento del diez por ciento a lo largo de la presente legislatura. El importe total en materia de dependencia alcanzará cerca de 1.160 millones de euros.

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