El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), Rafael Bonmatí, ha lamentado que las instituciones "no están llegando" a las víctimas de violencia de género, "quizá porque éstas tienen tan normalizada su situación que les cuesta reconocerse como tales", al tiempo que ha advertido de que los casos "más graves" de violencia "no están siendo eficazmente atajados".

Bonmatí se ha pronunciado en estos términos en una entrevista concedida a Europa Press con motivo el próximo 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Sobre este asunto, Bonmatí ha lamentado que la "mayoría" de las mujeres asesinadas, víctimas de violencia de género, "no habían presentado denuncia previa ni se habían adoptado medidas de protección", lo que es "indicativo" de que "no se está llegando a la víctimas desde las instituciones".

"Quizá —ha agregado— ello sea debido a que las víctimas de violencia de género llegan a tener tan normalizada su situación que les cuesta reconocerse como tales, a lo que también contribuye la situación de aislamiento social y familiar". Así, opina que es "cierto" que ha aumentado el número de denuncias por este asunto, pero los casos "más graves" de violencia "no están siendo eficazmente atajados", ha subrayado.

Así, y entre otras medidas, Bonmatí ha abogado por desarrollar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el ámbito educativo, la formación, la educación en valores de igualdad y de respeto: "Esto es trascendental", ha puntualizado.

Bonmatí no encuentra una explicación al incremento de casos de violencia de género y que afectan particularmente a la Comunitat: "Esto no tiene una explicación racional porque la violencia de género no la tiene. Es una lacra que ha estado presente en las diversas formas de la sociedad existentes, pero ningún argumento permite entenderla". Así, ha resumido: "No es posible entender por qué en el siglo XXI siguen persistiendo estas conductas que afectan a mujeres de muy diferentes condiciones culturales, sociales y laborales".

"terrorismo doméstico"

Preguntado por si considera necesario que se modifique el Código Penal para que la violencia de género sea considerada terrorismo doméstico, ha indicado que "cambiar las denominaciones, ni cambia ni mejora ni ayuda a erradicar el problema".

A su juicio, existe "suficiente arsenal punitivo" en el Código Penal "sin que parezca necesario aumentar las penas". "Tengamos en cuenta —ha agregado— que el concepto de violencia de género que nos ha dado el legislador es un concepto restringido, limitado a aquellos actos de violencia que son ejercidos sobre una mujer por quien es o ha sido su cónyuge o persona con quien ha mantenido análoga relación de afectividad. Definitivamente no es un problema de denominación o de mayor punición", opina.

E interpelado por la propuesta del Gobierno balear de considerar violencia de género el impago de la pensión, Bonmatí ha indicado que el mensaje que se debe transmitir a la mujer es que "si se puede y si da el paso de denunciar, va a obtener un respaldo social e institucional que le va a proporcionar los medios y recursos necesarios para salir del bucle en que durante años se ha visto inmersa", ha destacado.

Bonmatí ha recordado que el Icav fue pionero en la asistencia a las víctimas de la violencia de género y ha indicado que "aún antes de la publicación de la ley, ya había creado el turno de violencia doméstica para asistir a todas las víctimas de violencia de género que así lo solicitaban, extendiendo esa asistencia, además de al asesoramiento previo a la denuncia y al procedimiento penal que de la misma se derivara, a los procedimientos civiles, separación, divorcio, medidas en relación con los hijos no matrimoniales". Ya con la publicación de la normativa se organizaron los primeros cursos de especialización en la materia consolidándose el Turno Especializado de Violencia Doméstica.

En el año 2014 en Valencia capital se asistió en Comisaria o Centro de atención a 1587 víctimas, y en los juzgados se asistió para procedimiento y ratificación de la orden de protección a 2.675 víctimas.