El Defensor del Menor de Andalucía y organizaciones de infancia andaluzas apuestan por un pacto de estado por la infancia, un pacto por la inversión en infancia, la reducción de la pobreza y la equidad en la educación que incluya metas e indicadores de progreso, que comprometa el destino de recursos específicos, que establezca mecanismos de seguimiento y evaluación, y que promueva la participación de las familias, los niños, las entidades sociales y el sector privado.

Además, y a través de un comunicado, destacan la "necesidad" de establecer una prestación "más amplia y generosa" por hijo a cargo, revisar y mejorar las ayudas, y apostar por unos servicios públicos "más inclusivos y accesibles".

La institución y las organizaciones señalan que en 2015 la pobreza y la exclusión social de la infancia en Andalucía todavía representan "un claro obstáculo" para el disfrute y el ejercicio pleno de sus derechos, al tiempo que apuntan que los niños conforman uno de los colectivos con mayor riesgo de pobreza o exclusión social en la región, "no sólo aumentando el porcentaje de niños en riesgo de pobreza o exclusión social sino agravándose también su situación".

Asimismo, prosiguen, la violencia ejercida contra la infancia, en todas sus formas, "es un fenómeno creciente y cuya dimensión real se desconoce", dado que los datos son escasos y poco sistematizados, por lo que es necesario un compromiso político que desemboque en una estrategia integral frente a todas las formas de violencia contra la infancia.

Del mismo modo, señalan que la política social ha sufrido "notables" recortes debilitando la protección de los niños. Por ello, el Defensor del Menor y las organizaciones de infancia andaluzas defienden que es necesario "priorizar" la inversión en infancia porque es una inversión inteligente. Para ello, apunta, "debemos potenciar la transparencia y la visibilidad de las partidas económicas destinadas a infancia a fin de dar seguimiento y evaluar la inversión y promover el análisis del impacto en la infancia de las normativas y políticas y, en especial, de los proyectos de ley de los presupuestos".

En esta propuesta de pacto de estado, apuestan también por un modelo de educación inclusivo y de calidad, que contemple medidas contra el abandono y el fracaso escolar, se comprometa con la estabilidad del modelo educativo, la protección de los recursos económicos destinados y el enfoque inclusivo del sistema, incorporando la promoción del acceso y la mejora de la enseñanza para los niños de 0 a 3 años.

"Una inversión social que promueve la equidad es más justa y rentable, llegando a los que más lo necesitan y maximizando su impacto sobre la sociedad en su conjunto", señalan, al tiempo que manifiestan que el grado de desigualdad de nuestra sociedad determinará aspectos como el cambio demográfico, la productividad económica, la cohesión social y el compromiso democrático.

En Andalucía, señalan que se debe culminar el camino ya iniciado incluyendo estos pilares fundamentales como parte de una política integral y estratégica para la población menor de 18 años en la comunidad, "recuperando, renovando y reactivando un plan integral de atención a la infancia".

Igualmente, prestan especial mención a la situación de los niños que, debido a la situación de emergencia que se está viviendo en otros países, intentan llegar o han llegado a territorio nacional, ya sea solos o acompañados de sus familias. Al respecto, indican que el número de niños que han buscado asilo en los primeros ocho meses de 2015 (92%), es casi el doble que el del mismo periodo en 2014, por lo que "la especial situación de vulnerabilidad de estos niños exige una acción firme y comprometida por parte de los poderes públicos".

Las causas se encuentran en los países de origen, y entre ellas están los conflictos armados, la pobreza, la discriminación o el temor a ser perseguidos, de modo que desde el Defensor del Menor de Andalucía y las organizaciones de infancia andaluzas quieren reivindicar la respuesta multidimensional que hay que emprender entre todos para dar respuesta a esta situación de vulneración de los derechos de la infancia.

Por último, recuerdan que en septiembre la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS). Esta nueva agenda internacional se plantea como universal y demanda el compromiso y acción de todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo. Todos los países están obligados a trasladar los objetivos acordados al ámbito nacional, convirtiéndolos en guías para las políticas públicas. Andalucía deberá sumar su esfuerzo para lograr un desarrollo "incluyente, equitativo y sostenible".

Para todo ello, este 20 de noviembre defienden la urgencia de colocar a la infancia en el centro de las políticas autonómicas y locales, priorizar la inversión en infancia y fomentar la participación infantil a nivel local como medidas básicas a emprender sin más dilación.

Organizaciones firmantes

La organizaciones firmantes de este manifiesto son: Defensor del Menor de Andalucía; Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato (Adima); Aldeas Infantiles; Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública Codapa; Cruz Roja Española Andalucía; Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social EAPN; Educo; Federación andaluza de Centros Juveniles 'El Patio'; Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla; y Federación de Movimiento Junior.

Además, también lo han firmado Federación de Scouts Católicos de Andalucía; Fundación Gota de Leche; Fundación Mornese; Fundación Proyecto Don Bosco; Fundación Theodora; Fundación Tierra de Hombres; Fundacion Yehudi Menuhin España; LEECP (Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, Liga Sevilla de la Educación y la Cultura Popular, Liga Sevillana de la Educación y la Cultura Popular, Liga Granadina de la Educación y la Cultura Popular; - Proyecto Solidario; Save the Children; y Unicef Comité Andalucía.