Pedro Ruiz, quien fuera alcalde de IU en Puerto Serrano (Cádiz) durante más de 20 años y que ha sido juzgado este jueves por un presunto delito de prevaricación y gestión interesada en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, ha asegurado ante el juez que "no intervenía en la contratación" de servicios de suministro a la floristería y papelería de su esposa, ya que "tenía otros problemas más importantes que encargar flores".

Así lo ha manifestado Ruiz a preguntas del fiscal sobre su etapa como alcalde entre 1991 y 2013. Ha negado que en su etapa al frente del Ayuntamiento se estuviera "aprovechando del cargo" y ha añadido que tiene "la conciencia muy tranquila".

Además de Pedro Ruiz, se han sentado en el banquillo de los acusados su esposa y su sucesor en el cargo, Francisco Javier Gómez (IU), quien presentó su dimisión como alcalde en abril de 2014 por motivos personales.

Ruiz ha detallado durante la sesión que los distintos contratos de adjudicación de servicios se realizaban "a propuesta de los delegados pertinentes" y, en el caso de la floristería que regentaba su esposa, ha aclarado que se trataba de "la única" que había en Puerto Serrano, por lo que ha considerado que "lo más lógico" era "apoyar y ayudar al comercio local".

"cantidades insignificantes"

En su comparecencia, ha admitido que era él, como máxima autoridad local, el que "refrendaba los pagos" tras las propuestas "gestionadas" por los distintos delegados para servicios de las áreas de Deporte, Fiestas u otras para las que se solicitara la contratación de tales suministros. Asimismo, ha defendido que tales contratos eran "menores" y de "cantidades insignificantes" equivalentes a unos 900 euros al año.

En cuanto a las facturas emitidas sin firmas de la contratación de servicios a las que se ha referido el fiscal, el exalcalde ha manifestado que eran el tesorero y el interventor "los que deberían haber exigido la firma", al tiempo que ha aclarado que ordenó el pago de algunas facturas "a sabiendas" de que no habían sido aprobadas en Junta de Gobierno Local ante la "necesidad" de que los proveedores cobrasen.

La Fiscalía ha mantenido su acusación en los mismos términos iniciales, es decir, solicitando dos años y medio de prisión y 19 de inhabilitación para Ruiz por un presunto delito continuado de prevaricación, ya que supuestamente adjudicó a la floristería y papelería de su esposa contratos de suministro del municipio incurriendo en un incumplimiento de la normativa administrativa.

El Ministerio Público también considera que han incurrido en delito la esposa de Ruiz y Francisco Javier Gómez. Para la primera, el fiscal solicita cinco meses de cárcel y 12 años de inhabilitación, mientras que para Gómez reclama otros cinco meses de prisión y 15 años de inhabilitación.

Además de los tres acusados, en el juicio han declarado como testigos cuatro secretarios del Ayuntamiento polichero y el actual alcalde de localidad serrana, Miguel Ángel Carrero (PSOE).

Petición de absolución

Por su parte, el abogado de la defensa ha pedido la libre absolución argumentando que no se ha incurrido en ninguno de los delitos señalados.

En cuanto al delito de gestión interesada, ha explicado a Europa Press que implicaría que el alcalde hubiera ejercido "alguna conducta de favorecimiento o forzamiento para hacer que le fueran adjudicados a su mujer esos contratos", resaltando que "no ha habido ninguna prueba durante el juicio que acredite este extremo".

Al respecto, ha indicado que una de las secretarias que han declarado como testigo —la que más tiempo estuvo en el cargo— ha sido interrogada por él mismo sobre si había detectado alguna conducta en este sentido y ha contestado que "no".

Respecto a la prevaricación, ha señalado que el delito exige que "haya habido un resultado materialmente injusto", habiendo sostenido la defensa en su informe, entre otras cuestiones, que "si no existía el otro delito no se puede hablar de un resultado materialmente injusto".

Hasta la Sección Octava de la Audiencia, ubicada en Jerez y en la que se ha celebrado el juicio que ha quedado visto para sentencia, se ha desplazado, además de familiares de los acusados y vecinos de Puerto Serrano, el sindicalista Diego Cañamero para mostrar su apoyo a Pedro Ruiz.