El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha remitido una carta a la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, para "justificar" la solicitud de cese del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, por las declaraciones en las que afirmó que el presidente regional, Emiliano García-Page, actuaba como "un capo de la mafia" en relación a la anulación del Plan de Ordenación Municipal (POM) de Villar de Cañas, lugar de emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

El portavoz del Gobierno castellano-manchego, Nacho Hernando, ha comentado en rueda de prensa que el Gobierno regional "entiende que desde las instituciones públicas existe la obligación de representar a todos", asegurando que en el caso de Gregorio "es muy evidente que sólo tiene intención de representar a unos pocos". "Es intolerable que sea el delegado del PP en vez del delegado del Gobierno de todos los españoles", ha dicho.

Hernando ha recordado que "definir al presidente como enemigo público número uno, persona frívola o capo de la mafia son declaraciones que violan el equilibrio institucional entre administraciones", alegando que estas palabras "son condición suficiente para exigir que esta persona sea apartada sin honores de un cargo tan relevante".

"Estas palabras no pertenecen ni a la dialéctica entre partidos ni a los mensajes entre dos administraciones públicas al servicio de la ciudadanía y demuestran una falta de respeto", ha añadido.

El portavoz ha insistido en que José Julián Gregorio "ha demostrado que carece del talante democrático para ejercer su labor" y ha manifestado que "la mejor forma de demostrar su lealtad al Gobierno de España es pedir disculpas y dar un paso atrás para dejar de dañar su imagen".