El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha considerado este martes "un medida puramente electoralista" la entrega de los certificados a los regantes del Condado de Huelva previos a las concesiones de agua definitivas por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en presencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

A su juicio, esta entrega "no tiene ningún fundamento legal" y señala además que "no está coordinada con la ejecución del Plan de la Corona Forestal", así como que "no se han analizado otros aspectos relacionados con el plan, como el cumplimiento de la Ley Forestal andaluza de 1992 o la situación de los corredores ecológicos", por lo que WWF estudiará emprender medidas legales al respecto.

Además, la organización ecologista WWF ha criticado este martes a la ministra, tras su visita a la finca 'El Pinar', en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva), al considerarla como "uno de los puntos negros del robo del agua" en Doñana.

En un comunicado, WWF ha precisado que la cabecera del arroyo de La Rocina es "una de las fuentes más importantes de agua para las marismas de Doñana, juega un papel esencial a finales de la primavera y en verano, y en los últimos 30 años su caudal ha descendido a la mitad".

La organización ecologista ha asegurado que en esa zona, en medio de los bosques del monte público, "hay más de 50 pozos ilegales que extraen el agua y la llevan por tuberías a fincas de regadío como en la que ha visitado la ministra Fátima Báñez".

Por ello, desde WWF consideran "incomprensible" que una ministra realice un acto en "una zona tan sensible ambientalmente, teniendo en cuenta que el uso ilegal del agua perjudica a los agricultores que cumplen la ley y pone en peligro el futuro de un espacio Patrimonio de la Humanidad".

Al respecto, ha remarcado Juan Carlos del Olmo que "el uso ilegal del agua supone una competencia desleal para los agricultores que están haciendo bien las cosas en el entorno de Doñana", a lo que ha añadido que si la ministra "quiere defender el empleo y la agricultura en la zona, debería perseguir con firmeza desde el Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el robo del agua".

"Sin proteger los recursos naturales y sin cumplir la ley no habrá futuro para la agricultura en el entorno de Doñana", ha concluido Del Olmo.