La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha condenado a tres años y medio de prisión a tres empresarios que se han sentado este martes en el banquillo como autores de un delito contra la Hacienda Pública en la modalidad de fraude de subvenciones y otro de falsedad en documento de falsedad documental. Además, se les condena a pagar a cada uno de ellos 1.080 euros en multas y 760.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia se ha conocido después de que los tres acusados, Pablo T. B.; Juan S. D.; y Antonio Andrés M. G., se hayan declarado culpables y se hayan conformado con las penas solicitadas por el Ministerio Público, una vez que éste ha retirado su acusación por delito societario y ha rebajadado las penas inicialmente previstas y que ascendían a 8 años y siete meses de prisión.

De esta forma, los tres acusados, administradores de la empresa Renovables Biocazorla, dedicada a la fabricación de 'pellet', han admitido haber defraudado casi dos millones de euros en ayudas públicas entre 2006 y 2010. En concreto, desde el Ministerio Público se acusaba a los tres administradores de haber falseado determinadas condiciones requeridas para la obtención de las subvenciones, de ocultar circunstancias que hubieran impedido la concesión y además emitieron facturas falsas.

Antonio Barrios, abogado de uno de los tres acusados, en declaraciones a los periodistas, ha señalado que se han aceptado las penas para garantizar que ninguno de los acusados vaya a ingresar en prisión. De hecho, las penas a las que han sido condenados han sido a un año y nueve meses por el delito de fraude de subvenciones y un año y nueve meses por el delito de falsedad documental.

"Como ninguno de los dos delitos supera los dos años de prisión y el nuevo Código Penal permite que se computen por separado, ninguno de los tres tendría que ingresar en prisión", ha dicho Barrios. De hecho, los tres empresarios deberán ahora pedir la remisión condicional para evitar su ingreso en prisión.

Según el abogado, "nunca se cobró ilegalmente" las subvenciones y éstas fueron destinadas "a la construcción y financiación de la empresa". Sin embargo, la venta de la empresa a un tercero conllevó que el nuevo comprador presentara una denuncia por presuntas irregularidades.