El Gobierno vasco y la Diputación de Álava han encargado a un equipo de juristas que analice las posibles vías legales para tratar de hacer frente a la "carrera del PP" para reabrir la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima al territorio alavés, según ha explicado el diputado general de Álava, Ramiro González.

González, en una rueda de prensa en Vitoria, ha calificado de "dislate" las medidas adoptadas por el Gobierno central y por el Consejo de Seguridad Nuclear en relación a la planta burgalesa de Santa María de Garoña, que podrían permitir el reinicio de la actividad nuclear de la central y la instalación de un almacen de residuos nucleares junto a la misma.

"Hace semanas dije que tenía la sensación de que el PP había iniciado una carrera para dejar la reapertura resuelta antes de las elecciones, por si acaso se producía un cambio de Gobierno", ha recordado.

El diputado general ha denunciado que medidas como la declaración de impacto ambiental favorable otorgada por el Gobierno central al proyecto de almacén de residuos, o la aprobación del CSN a unas mejoras en el reactor de la planta, "confirman" esta sospecha.

Con el fin de evitar que la central, que lleva varios años inactiva, pueda reanudar su actividad, ha explicado que el Gobierno vasco y la Diputación de Álava han optado por "ir de la mano" para analizar las posibles vías legales que, al menos, "paralicen" la reapertura de la planta.

Con ese objetivo, han encargado a un equipo de juristas que determinen qué fórmulas podrían emplearse. Al igual que explicó hace unos días, ha indicado que los argumentos a los que se podría recurrir en un eventual recurso contra el almacén de recursos nucleares es que las instituciones alavesas, reconocidas por los tribunales como "parte interesada" en todo lo concerniente a la planta burgalesa, no han sido tenidas en cuenta en la tramitación de ese proyecto.