Los tres grupos parlamentarios de la oposición -PP, Podemos y Ciudadanos- han considerado insuficiente el aumento que experimenta el presupuesto de la Consejería de Sanidad, que para 2016 crece en 17 millones de euros pasando de 789 a 806 millones, un 2,15%. Sin embargo, la consejera, María Luisa Real, se ha mostrado "moderadamente satisfecha" y ha asegurado que además hay "mucho margen de mejora en la gestión", por ejemplo en la compra de medicamentos, lo que va a posibilitar disponer de más recursos.

Real ha comparecido este viernes en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento regional para presentar los presupuestos de su área. El contrato de colaboración público privada de Valdecilla y el presupuesto para la reducción de las listas de espera han sido los principales motivos de enfrentamiento dialéctico entre la consejera y su antecesora y portavoz del PP, María José Saénz de Buruaga, quien ha rechazado que sea un presupuesto expansivo.

En su opinión, el presupuesto se limita a "cubrir el expediente, y mal cubierto por cierto" porque según ha advertido, no va a servir para atender el gasto real y las obligaciones y compromisos con el personal sanitario. De hecho, Sáenz de Buruaga ha asegurado que el presupuesto de personal nace "lastrado" porque crece en 10,5 millones cuando las obligaciones y compromisos con los trabajadores suponen, según sus cálculos, 12,7 millones.

Tanto el PP como Podemos han criticado la desaparición de la partida de 6,3 millones en el Servicio Cántabro de Salud para el plan integral de reducción de listas de espera. La consejera ha replicado que Sáenz de Buruaga no utilizó esa partida para reducir las listas, ya que en 2015 buena parte se transfirió a otros conceptos, en concreto más de un tercio para conciertos con entidades privadas, cuya partida pasó de 10 millones a 12,3 y se ha gastado entera.

Según ha explicado Real, el presupuesto para reducción de listas de espera se ha desgajado por hospitales, con un total de dos millones de euros distribuidos entre Valdecilla (1,366 millones), Sierrallana (375.000 euros) y Laredo (250.000 euros), más 281.357 euros en la Dirección General de Salud Pública para cribados.

(Habrá ampliación)