Solo dos de las nueve mujeres muertas por violencia de género en Andalucía en lo que va de año (45 en España) habían presentado denuncia previa, aunque no habían continuado con el proceso ante la autoridad judicial, que por tanto no había ordenado medidas de protección.

Así lo ha indicado el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, en un comunicado, en el que ha condenado el nuevo crimen por violencia de género ocurrido en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor, al tiempo que ha insistido en la necesidad de profundizar en las campañas de sensibilización social "para que las mujeres y su entorno reconozcan las situaciones de malos tratos y se identifiquen como víctimas", ya que "sólo así las podemos proteger".

La mujer presuntamente asesinada esta madrugada por su pareja, de 45 años de edad, no había presentado denuncia previa, ni tampoco había antecedentes conocidos por malos tratos. El agresor, también de 45 años, disparó contra su mujer y posteriormente se quitó la vida con una escopeta en presencia de su hijo de 14 años.

Los hechos, que están siendo investigados por el EMUME de la Guardia Civil, deberán ser corroborados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Sanz ha expresado su convencimiento de que "hay que profundizar en las campañas de sensibilización para que las víctimas y su entorno social sean capaces de identificar las situaciones de malos tratos y los riesgos", porque "deben denunciar para que las podamos proteger". Además, ha explicado que, "una vez que se denuncia, es fundamental que las víctimas se mantengan firmes en la continuidad del proceso".

A este respecto, ha calificado como "muy innovadora y esperanzadora" la iniciativa de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de dar difusión masiva a sus campañas a través de los equipos de fútbol de primera y segunda división, mediante convenios provinciales entre los clubs y las subdelegaciones del Gobierno. Hasta ahora se han suscrito protocolos en Jaén y Sevilla y mañana se hará en Almería.

Finalmente, el delegado ha puesto de manifiesto la importancia de "visualizar a los menores como víctimas, directas e indirectas, de la violencia de género, en ocasiones por el riesgo que representa para sus propias vidas y, en todos los casos, por las secuelas psicológicas irreparables que les depara".

Por ello, ha calificado como "un paso crucial" la reforma de la Ley de Medidas contra la Violencia de Género impulsada por este Gobierno, con la que se califica a los menores como víctimas, tanto a efectos de seguimiento como en las ayudas y tratamientos posteriores que tienen derecho a percibir.