Un poco después de las 23,00 horas de este miércoles ha concluido, tras 13 horas, el registro practicado en el Ayuntamiento de Pontevedra por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) para reclamar, por orden judicial, documentación relativa a la empresa local de transportes Viuda de Cándido y a la firma Aquagest, actualmente denominada Viaqua, concesionaria del servicio municipal de agua.

Los agentes abandonaron el Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por el BNG, una vez que les fueron entregados todos los documentos reclamados. Dos funcionarios del SVA habían llegado a las 10,00 horas a las dependencias municipales de la calle Michelena 30 por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que dirige la jueza Pilar de Lara, instructora de la 'Operación Pokémon'.

Los agentes tenían la orden de llevarse una serie de documentación que fue recabada por los funcionarios de Pontevedra tanto en la sede principal como en el archivo municipal, situado en la Plaza de Concepción Arenal.

Trabajaron alrededor de 20 empleados públicos municipales del Servicio de Intervención para facilitarles el trabajo a los agentes y buscaron cada una de las facturas en los originales, según la petición de Aduanas. Este sistema de trabajo fue lo que llevó más tiempo, ya que la documentación de intervención está archivada por períodos temporales, y no por empresas solicitadas.

Para agilizar el proceso, el Ayuntamiento pontevedrés puso a disposición de los agentes a trabajadores contratados a través de las becas del Plan de Empleo de la Diputación, ya que el personal del SVA era insuficiente para la cantidad de información que habían reclamado.

Documentación solicitada

El concejal de Régimen Interior y Personal, Vicente García Legísima, confirmó que la petición judicial de entrega de documentación reclamaba todos los expedientes, contratos, facturas y prórrogas que hubiese firmado el Ayuntamiento de Pontevedra con el grupo Agbar (Aguas de Barcelona) desde el año 2009, así como la facturación con empresas del grupo desde el año 2009 y la facturación muncipal con la empresa de transporte de viajeros Viuda de Cándido desde ese mismo año 2009.

Legísima explicó que el Ayuntamiento de Pontevedra contrata "de forma ocasional" a la empresa de autobuses Viuda de Cándido para transportes relacionados con iniciativas locales de empleo y talleres.

En el caso del Grupo Agbar, el Ayuntamiento indicó que solo existe un único contrato con Aquagest firmado en el año 1997 por el anterior alcalde, Juan Luis Pedrosa, del Partido Popular, actual director de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar). Ese contrato tiene vigencia hasta 2017.

Los funcionarios de Aduanas no realizaron un registro físico, aunque sí tiene ese valor jurídico, pues implica solicitar documentación presente en el Consistorio.

García Legísima informó de que este registro se realizó en el marco de la 'Operación Pokémon', pero en una pieza separada abierta en el año 2014 para investigar las actuaciones relativas a la empresa Aquagest. En el marco de esta misma operación, la jueza De Lara ya solicitó documentación en el año 2013 en otros ayuntamiento de la comarca, como Ponte Caldelas o Marín en relación con sus contratos de servicios con esta misma compañía.

El pp exige explicaciones del alcalde

El portavoz del Partido Popular en Pontevedra, Jacobo Moreira, exigió la convocatoria urgente de una junta de portavoces para que el alcalde capitalino, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), explique los motivos de la actuación de los agentes de Aduanas en dependencias del Consistorio.

"Apelamos siempre a la presunción de inocencia, pero las dosis de presunción que le estamos otorgando a Lores superan ya todos los límites", señaló. Así, Jacobo Moreira consideró "necesario" que el regidor "explique qué es lo que está pasando.

Tranquilidad en el gobierno local

Con "tranquilidad" reaccionó el gobierno municipal de Pontevedra ante la actuación de este miércoles de Vigilancia Aduanera. "Mirad como tiemblo", ironizó el edil de Régimen Interior, Vicente García Legísima. "Y conmigo está temblando todo el equipo de gobierno", añadió.

García Legísima subrayó que hubo una "colaboración total" con el juzgado para facilitar los expedientes, contratos y facturas solicitadas. Además, desveló que él mismo llamó por teléfono a los portavoces de todos los grupos de la oposición (PP, PSOE, Marea y Ciudadanos) para informarles de este operativo y les trasladarán todas las novedades que se produzcan.

El responsable de Régimen Interior y Personal, abogado de profesión, aseguró que en el gobierno municipal, "con todos los respetos, no causa sorpresa" esta actuación ordenada por Pilar de Lara, "como todo lo que viene" de ese juzgado de Lugo.

En este sentido, calificó de "casualidad" que este registro se produzca apenas un mes antes de las elecciones generales, "como tiene habido muchas" en el caso de esta jueza, afectando a políticos de todos los partidos.

García Legísima, apelando a las advertencias del fiscal superior de Galicia y del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, señaló que "flaco favor" le hace a la Justicia que causas como la Operación Pokémon se extiendan "eternamente" en el tiempo, "abriendo piezas sin sentido", especialmente cuando "hay juzgados en Pontevedra suficientemente competentes" para investigar estas cuestiones.