Cinco funcionarios y directivos de empresas que presuntamente formaban parte de la red de corrupción desarticulada con la operación 'Madeja' han negado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata haber entregado o recibido dádivas a cambio de adjudicaciones públicas en el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno de Canarias, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Los imputados, que declaraban por primera vez en un juzgado por su relación con la operación 'Madeja' y han quedado en libertad sin medidas cautelares, han sido interrogados por De la Mata, quien asumió el pasado 8 de septiembre la causa en la que investiga a 96 personas después de que la antigua titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla Mercedes Alaya se inhibiera de la causa.

El primero en declarar ha sido el funcionario del Ayuntamiento de Sevilla Javier Isidro Gómez Garcimartín, que ha afirmado que no tenía "capacidad de decisión" y que su papel se limitaba a evaluar una pequeña parte de los expedientes sobre el mantenimiento de zonas verdes o el arbolado viario para su posterior remisión a la Mesa de Contratación.

Por su parte, el ingeniero del cabildo de Gran Canaria José Ulises Pérez González ha negado también haber recibido dádivas por parte de Adolfo de la Torre, el apoderado de la empresa de jardinería Fitonovo, situada en el epicentro de la trama, y que, según la investigación, ascendían a 10.381 euros a cambio de facilitar la adjudicación y ejecución de contratos públicos.

El que fuera jefe de Carreteras del Gobierno de Canarias José María Maya Cáceres ha asegurado que tampoco es cierto que los directivos de Fitonovo le hicieran llegar comisiones por importe de 57.024 euros entre 2003 y 2011 por su actuación en la ejecución de los contratos a favor de esta compañía.

Por último, Rubén Coba Falcón, gerente en Canarias de la empresa dedicada al mantenimiento de carreteras API Movilidad, y Gustavo Adolfo Gómez Jiménez, delegado en las islas de Elsamex, subcontrata de la empresa Fitonovo, han negado igualmente haber intervenido en el pago de sobornos a cambio de adjudicaciones públicas.

"organización criminal"

De la Mata investiga a la trama, acusada de pagar 4,3 millones de euros en sobornos entre 1995 y 2013 para hacerse con adjudicaciones en 14 administraciones públicas, entre ellas el Ministerio de Fomento, las Juntas de Andalucía y Extremadura, el Gobierno de Canarias o el Ayuntamiento de Sevilla.

De la Mata proseguirá este jueves la ronda de interrogatorios con las declaraciones de Francisco Javier Amieva Rodríguez, administrador de la mercantil Klevin, dedicada al control de plagas urbanas y que realizó trabajos en la agrupación socialista de la Macarena (Sevilla); Juan Francisco Naranjo Naranjo, apoderado de Suministros Agrícolas Naranjo; y Fernando Rodríguez Blanco, administrador de Reyes y Donlas. Estas dos últimas sociedades, según la investigación, facilitaron facturas falsas a Fitonovo a cambio de trabajos inexistentes.

La red estaba encabezada por el director de Fitonovo hasta 2011, Rafael González Palomo; su hijo, José Antonio González Baró, que asumió el cargo a partir de esa fecha; el adjunto de ambos, Ángel Manuel Macedo; y el director comercial Juan Andrés Brugueras. Los cuatro constituyeron "una organización criminal" dedicada a conseguir adjudicaciones a cambio del reparto de "dádivas" en forma de dinero y regalos como móviles, caballos, ordenadores, coches, viajes o la reforma de viviendas.

Entre los cargos públicos imputados se encuentran varios antiguos cargos del Ayuntamiento de Sevilla como el dirigente de Izquierda Unida (IU) Antonio Miguel Ruiz Carmona, que habría recibido 155.000 euros para la formación —70.000 de ellos en una caja de zapatos— a cambio de la instalación de césped artificial en once campos de fútbol en la ciudad. También están imputados los exportavoces municipales de la coalición en la ciudad Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García.

También se investiga al exconcejal de Vía Pública de la capital hispalense Manuel Gómez Lobo (PSOE), que pidió como compensación a una adjudicación la remodelación de la sede del partido en el distrito de La Macarena; a los exalcaldes de Algeciras (Cádiz) Tomás Herrera y Diego Tomás Sánchez, también socialistas, y al teniente de alcalde de La Carolina (Jaén) Cristóbal Pérez Martínez (PP).

Los funcionarios imputados trabajaban en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, las Diputaciones Provinciales de Sevilla, Córdoba y Jaén, el Gobierno de Canarias, los Cabildos de Lanzarote y Las Palmas, los Ayuntamientos de Sevilla, Algeciras y La Carolina, y las Gerencias de ADIF en Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona.

Los hechos serían constitutivos indiciariamente de los delitos de cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y fraude a la Seguridad Social, así como prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales, con "carácter instrumental como medio para la comisión de otros delitos".