El juez de Instrucción número 8 de Córdoba ha dictado un auto en el que acuerda inhibirse a favor de la magistrada María Núñez Bolaños en relación a su investigación sobre las irregularidades cometidas en la concesión de subvenciones en materia de formación, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

En este sentido, las mismas fuentes consultadas han precisado que, en un auto dictado el pasado día 5 de noviembre, el juez de Instrucción número 8 de Córdoba se inhibe a favor de la magistrada sevillana, que recientemente solicitó a las partes que se pronunciaran sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción para dividir la causa en cinco grandes bloques.

El juez instructor entiende que el ex delegado provincial de Empleo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez y al menos dos jefes de servicio estarían imputados por los mismos hechos que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, según han añadido las fuentes a Europa Press.

De este modo, el juez entiende que a la investigación sobre "una posible connivencia" entre los funcionarios públicos citados y determinadas empresas "hay que darle un tratamiento conjunto" y no desgajarlo en dos investigaciones distintas, por lo que ha decidido inhibirse en favor de la juez Núñez.

El pasado 1 de abril, el juez de Instrucción número 1 de Granada también dictó un auto en el que acordaba inhibirse a favor de la magistrada Mercedes Alaya, que entonces era la titular del Juzgado, en relación a su investigación sobre las irregularidades cometidas en la concesión de subvenciones en materia de formación, que abrió en 2014 para indagar posibles delitos de fraude de subvenciones o estafa, malversación, falsedad documental y prevaricación.

Posible división

La juez María Núñez Bolaños, de su lado, ha solicitado a las partes personadas que se pronuncien sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que divida en cinco grandes bloques la causa donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía.

De este modo, la magistrada instructora ha dado traslado de la misma a los abogados de la veintena de imputados en la causa —entre ellos los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda— y a las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el PP a fin de que se pronuncien al respecto, de manera que una vez recabada la opinión de todas las partes, la juez tomará una decisión.

Cabe recordar que la Fiscalía solicitó dividir el procedimiento en cinco grandes bloques después de que, el pasado mes de julio, la propia juez Núñez le pidiera por medio de una providencia que informara sobre la procedencia de dividir en varias piezas la causa.

De este modo, la Fiscalía ha propuesto dividir la causa en cinco grandes bloques, el primero de ellos sobre entramados empresariales; el segundo relativo a los consorcios públicos de formación de la Junta; el tercero vinculado a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe); un cuarto bloque que versaría sobre las ayudas a los trabajadores de Delphi, y un quinto bloque relacionado con la operación 'Barrado' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y dirigida por la juez Mercedes Alaya.

En relación con la operación 'Barrado' en la que fueron detenidos nueve delegados y exdelegados provinciales de Empleo, la juez Alaya acusó a la Junta de Andalucía de crear una "red de clientelismo político", ya que desde la Consejería de Empleo se impartirían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales de Empleo para que no se controlara el dinero destinado a la formación.

Las mismas fuentes han precisado a Europa Press que los dos primeros bloques son susceptibles a su vez de dividirse en piezas.