La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha informado este miércoles en el Parlamento que, a fecha de 30 de octubre de 2015, en Andalucía son más de 48.600 las personas que están recibiendo el servicio de ayuda a domicilio, "lo que supone más de 25 millones de horas de servicio y la creación de más de 18.000 puestos de trabajo. Además, de cada 100 personas atendidas en España, 35 corresponden a nuestra comunidad autónoma".

Durante su intervención en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, Sánchez Rubio ha anunciado también que la Junta de Andalucía modificará la orden por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio, que permitirá, en lo que respecta al sistema de financiación, "mejorar el procedimiento y la transparencia en la gestión, haciéndola más ágil y más adecuada a la realidad".

La consejera ha destacado que la modificación de esta norma "responde a la necesidad de incorporar las mejoras que aconsejan su propia gestión por parte de las corporaciones locales, así como los cambios y mejoras fruto de la praxis de los últimos años y de los mandatos del legislador estatal, adaptándolo al marco legal vigente, pero manteniendo a la vez los avances conseguidos por la Orden de 15 de noviembre de 2007".

Sánchez Rubio ha detallado algunas de las mejoras del nuevo sistema de financiación de la ayuda a domicilio en el supuesto de personas en situación de dependencia. Por ejemplo, "se pasa de un sistema de entregas a cuenta en períodos semestrales y su posterior regularización, y se permitirá una doble opción: bien un pago semestral único en el primer mes de dicho período, bien mediante un fraccionamiento en tres pagos en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, a un sistema de aportaciones mensuales a mes vencido".

Para la consejera, "al introducir una mayor exactitud en el cómputo de los pagos a librar, da lugar a regularizaciones de menor importe, lo que permite conocer mejor el gasto real del servicio, que además se reflejará en los certificados de las corporaciones locales".

En palabras de Sánchez Rubio, "de esta manera, el texto consolida el servicio de ayuda a domicilio único que prestan las corporaciones locales a las personas usuarias, sin distinguir si éstas se encuentran o no en situación de dependencia". En este sentido, ha informado que además "el borrador incorpora novedades que obedecen a las modificaciones aprobadas por el Gobierno de la Nación relativas a la intensidad del servicio lo que supone una reducción sustancial de horas reconocidas"

Cualificación profesional

Otra de las aportaciones que ha destacado Sánchez Rubio en relación a la nueva orden es en lo relativo a la cualificación profesional, ya que se han tenido en cuenta los criterios de acreditación acordados en el grupo de trabajo constituido cumpliendo el mandato del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, del pasado 4 de marzo, con representantes de las administraciones públicas en materia de educación, empleo y servicios sociales y con los interlocutores sociales.

Para Sánchez Rubio, la principal mejora es que "el texto refuerza la exigencia de la profesionalización para garantizar la calidad del servicio, objetivo prioritario de la Administración pública autonómica, a la vez que garantiza que el personal auxiliar de ayuda a domicilio pueda acreditar su cualificación mediante los mismos títulos y certificados de profesionalidad cualquiera que sea el lugar del territorio nacional en el que trabaje, facilitando su movilidad geográfica".

Por otra parte, la consejera señala que en Andalucía, del total de prestaciones concedidas, el 66,8 por ciento están relacionadas con los servicios (en España es el 63,5%), y el 33,2 por ciento con las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar (en España es el 36,5%). Además, ha informado que hay más 42.440 plazas financiadas públicamente en residencias y centros de día, 27.850 para personas mayores y más de 14.590 para personas con discapacidad.

La consejera ha destacado que el compromiso de la Junta con la dependencia se evidencia en que "Andalucía es la única comunidad autónoma que financia completamente en España el servicio de ayuda a domicilio y el refuerzo de profesionales, para lo que ha invertido 2.000 millones de euros, transferidos directamente a las corporaciones locales desde el inicio de la ley".

Se han incorporado más de 16.000

Personas en octubre

Esta apuesta del Gobierno andaluz también se refuerza en que la comunidad ha incorporado al sistema de atención a la dependencia en el mes de octubre a 16.326 personas. Por tanto, mientras que Andalucía cuenta con un crecimiento con respecto a septiembre del diez por ciento, el resto de crecimientos de las comunidades está en una media del dos por ciento.

Según los datos publicados por el Imserso, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en Andalucía existen 179.413 personas beneficiarias que cuentan con 234.029 prestaciones, por lo que el 23 por ciento de las personas atendidas y el 24 por ciento prestaciones concedidas en toda España se dan en Andalucía. Por otra parte, desde el inicio de la Ley, se ha atendido a cerca de 300.000 personas y se han concedido más de 400.000 prestaciones.

Además, frente a estos recortes del Ejecutivo central, la Junta ha mostrado su compromiso con las personas en situación de dependencia destinando unos 1.160 millones de euros, un incremento del 2,5 por ciento respecto a 2015, cumpliendo así el compromiso de la presidenta de la Junta de alcanzar un incremento del diez por ciento a lo largo de la presente legislatura.

La consejera ha informado de la creación de un Grupo de Trabajo "para la preparación, el estudio y el desarrollo de una evaluación del sistema de la dependencia, en la que participarán todas las comunidades, y a la que se incorporará en calidad de expertos la Agencia Española de Evaluación y Calidad, que tienen como fin la evaluación de las políticas públicas y el fomento de la calidad de los servicios, para lograr una administración a la altura de las necesidades de la ciudadanía".

Iu denuncia que "miles de mujeres trabajan por tres euros la hora"

Por su parte, la diputada de IULV-CA Elena Cortés ha denunciado que "hay miles de mujeres que están trabajando por tres euros la hora", y esto se ha producido porque desde la entrada en vigor de la ley hasta ahora "ha habido un porcentaje extraordinario de corporaciones locales que han privatizado la gestión de servicios como la ley de depedencia". Así, asegura que en algunos casos se trata de pequeñas empresas que "respetan los derechos laborales y la calidad", pero en otro casos "son grandes empresas que lo que están sacando es un gran beneficio de una financiación pública de 13 euros la hora".

Por ello, Cortés ha pedido a Sánchez Rubio el compromiso de que antes de publicar esa orden, se tenga "una sentada con ayuntamientos y mujeres que prestan el servio para que cuenten la realidad en la que viven y ver cómo eso puede moficarse en la orden". "Siempre se pone el foco en la obligación por parte de las trabajadoras, pero habrá que poner el foco en cuáles son las condiciones en que esas mujeres desarrollan el trabajo y cómo se puede recupera el servicio desde lo público".

En este sentido, Cortés asegura que hay otra realidad, que son aquellos municipios con una gestión directa del servicio, y que "tienen empleo de calidad, con participación y control social", y se pregunta si en la nueva orden se plantea cómo se pueden hacer licitaciones, cómo hay que cumplir los derechos laborales o qué nivel de inspección tiene la comunidad con los ayuntamientos que privatizan el servicio.