La Junta de Extremadura destina 14,7 millones a poner en marcha políticas sociales

La Junta de Extremadura ha destinado en los primeros meses de gobierno un total de 14,7 millones de euros a poner en marcha diferentes políticas sociales, entre las que destaca una nueva convocatoria de Renta Básica o las ayudas para mínimos vitales.
José María Vergeles
José María Vergeles
EUROPA PRESS
José María Vergeles

La Junta de Extremadura ha destinado en los primeros meses de gobierno un total de 14,7 millones de euros a poner en marcha diferentes políticas sociales, entre las que destaca una nueva convocatoria de Renta Básica o las ayudas para mínimos vitales.

De ese total, 5,4 millones corresponde a la cobertura de las resoluciones favorables de la Renta Básica que se encontraba sin cobertura económica, junto con otros 3 para una nueva convocatoria de esta prestación.

Asimismo, otros 5 millones de euros se han destinado a la cobertura de los mínimos vitales en cuanto a luz y agua, 800.000 euros para las ayudas de contingencia social y 670.000 euros para la reparación de viviendas sociales.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha explicado en rueda de prensa que el objetivo de la Junta es "hacerle la vida más fácil" a los ciudadanos así como erradicar la desigualdad y la exclusión social.

"Así, las medidas que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura van destinadas a las personas más desfavorecidas y van destinadas a combatir el sufrimiento social de una sociedad castigada por la profundidad y duración de la crisis pero también por las medidas puestas en marcha (por el anterior gobierno) con intención de salir de ella sin conseguirlo", ha indicado.

Vergeles ha estado acompañado de la secretaria general de Vivienda, Isabel Moreno, y de la directora general de Política Social, Carmen Núñez.

Resultados de las políticas

Vergeles también se ha referido a los resultados de estas políticas sociales, y en lo que se refiere a la Renta Básica ha indicado que se han incrementado un 2,6 por ciento las solicitudes desde julio a noviembre de 2015, con 37.984 expedientes desde que comenzó la ley en 2013.

"Hemos sido capaces de resolver de todos estos un total de 32.056 expedientes, lo que ha supuesto de julio a noviembre un incremento en las resoluciones de los expedientes de Renta Básica de un 16,2 por ciento", ha expuesto Vergeles, quien también se ha referido a la reducción en un 41,5 por ciento las solicitudes pendientes, un número que alcanza en estos momentos las 5.928.

Asimismo, se han incrementado en un 29 por ciento las solicitudes favorables desde julio a noviembre, llegando a tener 16.074, según ha indicado el consejero.

También, y a preguntas de los medios, ha informado de que en estos momentos se están abonando 8.969 solicitudes de Renta Básica, al tiempo que ha incidido en que se está a la espera de que se pronuncie la abogacía general y el Consejo Consultivo sobre la incorporación del silencio administrativo positivo en relación a esta prestación.

Política de viviendas

Respecto a la política de viviendas, Vergeles ha informado de que se ha acometido la reforma de 66 viviendas sociales, además de mantener reuniones con las entidades bancarias.

En dichas reuniones, los objetivos que persigue la Junta es poder flexibilizar e incrementar tanto la "población diana" como las medidas integradas en el código de buenas prácticas, además, ha solicitado un inventario de viviendas vacías y ha realizado labores de intermediación.

Asimismo, como ha indicado, el Ejecutivo extremeño ha mantenido reuniones con bancos y con la Tesorería General de la Seguridad Social para la reestructuración de la deuda de aquellas personas que estaban afectada por ejecuciones hipotecarias.

Ayuda de mínimos vitales y contingencia

Otra de las ayudas puestas en marcha por la Junta y a las que Vergeles se ha referido es la relativa a sufragar los mínimos vitales. Esta ayuda la recibirán los ciudadanos pero se cursará a través de los consistorios de la región.

El importe de las ayudas que recibirán los ayuntamientos va entre los 5.000 euros para la poblaciones de menor tamaño y los 250.000 euros para las mayores de 90.000 habitantes.

Asimismo, esta prestación comprende dos tipos, uno para las deudas adquiridas con carácter previo a la convocatoria de hasta seis meses y hasta un tope económico de 300 euros, y otro para las deudas a posteriori, en donde estarían cubiertos los gastos de electricidad, hasta seis kilovatios hora y día, y agua, hasta 100 litros día y persona dentro de la unidad familiar.

Respecto a las ayudas para las contingencias sociales, el consejero ha explicado que son ayudas directas a las personas y no van a los ayuntamientos, sino que son de gestión directa de la Dirección General de Políticas Sociales.

Asimismo, es una prestación extraordinaria, de carácter finalista y de pago único para sufragar gastos, entre otros, de deudas adquiridas hasta seis meses antes del inicio de la convocatoria en cuanto a alquiler e hipoteca, alojamiento temporal hasta la adquisición de una vivienda, necesidades primarias, la asistencia sanitaria o sociosanitaria que no contemple el sistema sanitario público nacional o extremeño y carencias críticas de carácter excepcional o razones sociales y humanitarias.

El procedimiento para optar a estas ayudas concluye el 30 de noviembre, ya que la partida se ha recuperado del dinero que se preveía que no se iba a ejecutar, fundamentalmente de partidas para infraestructuras, ha dicho.

De esta forma, Vergeles ha recomendado que los solicitantes acompañen la instancia con el informe del trabajador social, puesto que si no lo hacen se podría dilatar el plazo de concesión de la ayuda y con la "pérdida de posibilidad de que esa persona pierda la ayuda que necesita".

Acuerdo con los agentes sociales y económicos

También, y de cara a 2016, Vergeles ha indicado que espera que entre en vigor el acuerdo que se firmó este pasado martes con los agentes sociales y económicos de la región y que la Junta de Extremadura traducirá en un decreto ley que comenzará su trámite parlamentario "a finales de este mes o principios del mes de diciembre".

Según ha recordado, dicho decreto conllevará, entre otras medidas, la universalidad de la atención sanitaria. Preguntado por cómo obtendrán los ciudadanos extranjeros la tarjeta sanitaria para ser atendidos, Vergeles ha explicado seguirán el mismo procedimiento que los ciudadanos extremeños, siempre que lleven empadronados tres meses.

Asimismo, y en relación a la Renta Básica ha dicho que se abrirá una única convocatoria que estará abierta durante todo el año, además de que se agilizarán los pagos de esta prestación y se podrá pagar "a partir del día siguiente de la resolución favorable".

De la misma forma, también se contempla una subrogación de la Renta Básica cuando se separan las parejas, se quedan los hijos a cargo y se produce una desprotección.

Otra cuestión que introducirá el decreto es una cobertura de los mínimos vitales diferente a como se hará para este invierno, ya que la administración regional hablará con las distribuidoras con la intención de que se pueda "aprovechar mejor" el bono social.

"Sacaremos más convocatorias de contingencia social y en materia de vivienda permitiremos un acceso a la vivienda social por concurso y no por sorteo", ha indicado el consejero, que también ha añadido el establecimiento de un trámite de urgencia ante determinadas necesidades, la investigación de los "motivos" cuando se produzca una ocupación ilegal de una vivienda y la aminoración del cien por cien del alquiler social ante circunstancias sobrevenidas de carácter económico por un plazo de hasta cuatro años.

También, y sobre las críticas de la concejala de Servicios Sociales de Badajoz, Rosario Gómez de la Peña, Vergeles ha indicado que incurre en un "profundo error" en cuanto a las ayudas para las contingencias sociales, que no van a los consistorios.

Finalmente, y preguntado por los medios sobre la intención del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de dotar la lucha contra la exclusión social con el 0,5 por ciento del PIB de contar con un Plan de Empleo Social, Vergeles ha dicho que ese porcentaje se aproximaría a los 80 millones.

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