El policía local que este martes ha sido enviado a prisión sin fianza ha negado ante el juez haber amenazado a testigo alguno en el marco de la causa que investiga supuestas extorsiones a empresarios turísticos con la connivencia y el respaldo de diversos cargos públicos. El agente ha asegurado, por el contrario, que fue aquél quien le abordó a él.

Así lo han informado fuentes de la investigación a Europa Press, que han precisado que fue en uno de los salones conocidos como 'Punt de joc' donde el testigo, Francisco José Fernández, apodado 'El Ico', se dirigió a él y, tras elevarse el tono de la conversación, el policía decidió abandonar el local.

El agente, Gumersindo C., más conocido como 'Gúmer', ha negado así que fuese él quien increpase al hijo de la matriarca de uno de los clanes de Son Banya, Francisca Cortés 'La Paca', y que fruto de ello fuese desalojado del establecimiento, como sostiene el testigo.

De hecho, la defensa del policía solicitó recientemente que el juez instructor admitiese como prueba el visionado de las cámaras instaladas en el salón, así como que declarasen los camareros del bar en el que sucedieron los hechos, con el objetivo de acreditar que fue 'El Ico' quien le asaltó, y no al revés.

El abogado del agente prevé recurrir el auto de prisión contra su patrocinado, no sin antes volver a pedir que el magistrado estime la práctica de las anteriores diligencias de investigación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 12, Manuel Penalva, le ha interrogado durante toda la mañana tras haber sido detenido por segunda vez. En concreto, el juez le imputa un presunto delito de obstrucción a la justicia.

Gumersindo C. ya fue arrestado a finales de octubre, si bien entonces quedó en libertad provisional. El agente se desvinculó de cualquier entramado desarrollado dentro del cuerpo, asegurando desconocer que estas prácticas tuvieran lugar y que, además, desde la Policía se hubiera intentado obstruir las investigaciones en torno a estos supuestos hechos irregulares.

Prórroga del secreto de sumario

El pasado 4 de noviembre, el juez acordó prorrogar el secreto de sumario de la causa mediante un nuevo auto en el que subrayaba cómo la actuación de los numerosos agentes investigados "daña peligrosamente a la justicia".

"Existen indicios de nuevos y graves delitos cometidos por numerosos policías locales señalados con nombre y apellidos, a quienes se les habrían entregado sobres de dinero" a cambio, aseveraba el magistrado, de avisar de la realización de inspecciones, entre otras medidas. Y todo ello, incidía, mediante "el chantaje, la coacción y el uso torticero del poder".

El instructor de las pesquisas, que hace varias semanas también envió a prisión sin fianza a otros seis policías detenidos por estas presuntas extorsiones principalmente a empresarios de la Playa de Palma "protegidos" por sus mandos policiales y con el apoyo de diversos cargos políticos, abundabA en el establecimiento de conexiones directas entre intereses empresariales "en perjuicio de las exigencias de la Ley".

Organización "instalada de manera permanente en el delito"

Penalva hacía hincapié en el 'modus operandi' de los agentes, que actuaban de forma coordinada "como una auténtica organización policial instalada de manera permanente en el delito, en sus múltiples y variadas manifestaciones" y en base siempre a "intereses espúreos".

Se trata de unas investigaciones que derivan de las pesquisas en torno a la supuesta manipulación en las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 en el cuerpo policial y que llevó a la Guardia Civil, a instancias de Anticorrupción y por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias de la Policía Local.