La jueza que instruye los ERE de Andalucía, María Núñez, ha hecho un nuevo diseño del caso, que incluye seis piezas piloto para que sean enjuiciados por la Audiencia de Sevilla lo antes posible, y las sentencias que se dicten sirvan de pauta para el resto de la instrucción.

El auto, contra el que no cabe recurso, incluye una pieza del procedimiento específico creado por la Junta de Andalucía para conceder las ayudas sociolaborales, otra pieza por las sobrecomisiones cobradas por los intermediarios, una tercera del grupo de empresas de dos exconcejales que recibieron 34 millones de euros y tres piezas más de tres empresas.

Tras la decisión que adoptó en julio pasado de separar el caso de los ERE, la jueza ha rediseñado la división en piezas dejando como pieza matriz la causa originaria de los expedientes de 2011, de ayudas sociolaborales y directas. Para ello, desgaja de esta matriz otras seis piezas, con las que se comienza a trabajar y a las que da una tramitación preferente con el fin de que puedan ser enjuiciadas en el menor tiempo posible.

Además del procedimiento específico y las sobrecomisiones, se han creado piezas del conglomerado de empresas de los exconcejales socialistas de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo y José María Sayago, muchas sin actividad y que recibieron ayudas por valor de 34 millones de euros, y otras de las empresas Acyco, Surcolor y Cenforpre.

Las piezas se han seleccionado buscando la máxima casuística posible de lo instruido y atendiendo al estado en el que se encuentra la instrucción de las mismas, según la jueza. A los juicios de estas piezas irán como acusadas las personas que de forma activa y consciente participaron en la gestión, concesión de ayudas desde todos los ámbitos administrativos o privados o se beneficiaron ilícitamente de ellas.

La jueza señala en el auto que por el "volumen y complejidad" de la causa que se pretende dividir hace imposible un diseño apriorístico de todas y cada una de las piezas así como enjuiciarlas en un solo acto, y explica que hay más de 150 ayudas directas a empresas o ayudas sociolaborales que están aún en fase de investigación policial.

"La única posibilidad real y efectiva de ir concluyendo la instrucción es mediante la división de la misma", ha enfatizado la jueza.

En el auto, Núñez valora los posibles efectos adversos de la división y considera que son evitables mediante el enjuiciamiento del delito continuado o mediante la aplicación de instrumentos diferentes frente a la posible "exasperación punitiva" que del enjuiciamiento por separado de cada una de las ayudas directas o sociolaborales puede suponer para las partes.

Atendiendo a la doctrina del Tribunal Supremo para no vulnerar el principio de culpabilidad por el hecho y proporcionalidad, la jueza apunta la posibilidad de moderar la pena en el segundo proceso, lo cual puede realizarse bien descontando de la pena impuesta en el segundo proceso la pena ya impuesta en el primero.

También señala la posibilidad de que la suma de las penas impuestas en las sentencias condenatorias no superen el marco penal abstracto correspondiente al hecho delictivo.

Sin perjuicio de continuar con la instrucción del resto de ayudas en la matriz o en su correspondiente pieza, en un futuro se desgajarán nuevas piezas para su enjuiciamiento, cuyo diseño se realizará en atención al contenido de las sentencias que se dicten por la Audiencia de Sevilla y el estado de la instrucción, concluye la jueza.